Vienen por nuestro arrocito

El viernes 21 de agosto, poco antes de la medianoche, Mark Carney suspendió las negociaciones comerciales de Canadá con Estados Unidos y ordenó el regreso de sus negociadores a Ottawa. Al día siguiente explicó por qué un país debe levantarse de la mesa cuando el precio de firmar supera el valor del acuerdo.

Canadá, dijo, había negociado durante más de un año de buena fe, nunca a cualquier precio ni dentro de cualquier plazo. Pero Washington había cambiado: imponía aranceles a sus aliados, usaba la integración económica como arma y prefería transacciones de corto plazo a asociaciones duraderas. Algunas firmas estadounidenses, advirtió, parecían escritas a lápiz.

Las últimas condiciones eran antieconómicas, injustas y ponían en duda la confiabilidad de cualquier acuerdo. “Pidieron demasiado y ofrecieron demasiado poco”. Más inquietante aún: Estados Unidos había intentado restringir la capacidad canadiense de firmar acuerdos con otros países. Carney lo llamó una jugada de poder. Una cuestión de soberanía.

Leído desde Santo Domingo, aquel mensaje no habla solamente de Canadá.

Habla de nosotros.

Desde febrero he seguido un mismo hilo: el nuevo contrato de Washington ya no se limita a aranceles. Alcanza datos, contratación pública, infraestructura, tecnología y relaciones con terceros. Lo que entonces leí en los textos de Guatemala y El Salvador, Carney lo escuchó en la mesa. La República Dominicana debe negociar, pero sin confundir prisa con estrategia, cooperación con obediencia ni alivio temporal con concesión permanente.

Esta vez, aquel argumento tiene un cultivo, una geografía y un nombre: arroz.

Cuando las negociaciones con socios grandes se traban, aumenta el valor político de cerrar rápidamente con economías pequeñas: esas pequeñas victorias, small wins, que pueden presentarse ante el público estadounidense como prueba de firmeza.

Desde el 24 de julio, nuestras exportaciones no exentas pagan un arancel adicional de 12.5 por ciento bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El Salvador, Guatemala y Honduras quedaron en 10. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) explicó que el 10 correspondía a las economías que ya prohibieron las importaciones con trabajo forzoso, lo comprometieron por acuerdo o establecieron un régimen parcial equivalente.

Aquí aparece nuestra primera posición negociadora. El presidente Abinader promulgó el Decreto 502-26 el 23 de julio, creando un procedimiento para identificar, retener y prohibir mercancías producidas con trabajo forzoso.

Honduras no firmó un Acuerdo de Comercio Recíproco. Su decreto llegó seis días antes y fue reconocido en la decisión final estadounidense. Seis días no fueron una demora; fueron una tarifa. Antes de ofrecer nada, Santo Domingo debe preguntar qué diferencia técnica existe entre nuestro régimen y el criterio que dio a Honduras el 10 por ciento.10

Carney trazó una frontera que también debe ser dominicana: cooperar contra el trabajo forzoso, compartir información, coordinar medidas cuando exista interés común; no aceptar que esa cooperación convierta al país en palanca adicional de Washington frente a terceros. Cooperar en la sustancia sin convertirse en instrumento ajeno.

El Salvador y Guatemala siguieron otra ruta. Sus acuerdos no se limitan a aranceles: abarcan controles de exportación, sanciones, inversión, infraestructura, minerales críticos, contratación pública y relaciones con economías consideradas “no de mercado”.

No entregaron físicamente sus recursos.

Sí aceptaron disciplinas capaces de estrechar durante años su margen de decisión.

Esa es la asimetría que Carney nombró: asociación de largo plazo frente a transacción de corto plazo. El arancel de 12.5 es una medida administrativa que Estados Unidos puede modificar o retirar. Una concesión dominicana puede durar décadas. La firma estadounidense puede estar escrita a lápiz. La obligación dominicana, en tinta.

No se entrega una obligación permanente a cambio de un alivio revocable sin calcular primero el precio.

Y entonces llegamos al arroz.

El Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) preveía que, tras veinte años de desgravación, el plazo más largo del tratado, el arroz estadounidense entrara sin arancel ni contingente desde el 1 de enero de 2025. El Gobierno respondió con el Decreto 693-24: cuota de 23,300 toneladas a cero y 99 por ciento sobre el excedente. Washington sostiene que la medida parece incompatible con el acceso pactado; la federación arrocera estadounidense la considera una violación y pide su eliminación.

Veinte años bastaban para modernizar y diversificar el sector, y no se hizo. El Decreto 693-24 sigue siendo el expediente más vulnerable de la carpeta dominicana: puede derogarse sin renegociar el tratado ni pasar por el Congreso. Pero una posición débil no se regala; se valora. Precisamente porque es fácil de entregar, es la moneda más probable de pedir. Esa facilidad es el peligro.

No tenemos prueba de que el arroz sea el precio de bajar del 12.5 al 10. Tenemos un interés exportador organizado, una reclamación jurídica pública y una negociación abierta donde ambos expedientes pueden encontrarse.

El hoy canciller Víctor Bisonó conoce esa puerta. En mayo de 2024 dijo que modificar el arroz dentro del tratado era imposible, porque el acuerdo es plurilateral. Preguntado por un entendimiento bilateral al margen del tratado, respondió: “Eso sí es posible, siempre”.

Meses después defendió el cerrojo y aseguró que no entraría arroz que no estuviera reglamentado.

El arroz se cultiva en 22 provincias, reúne a más de 30,000 productores y sostiene, según cifras oficiales, hasta 250,000 empleos; su aporte se estima en 45,000 millones de pesos. En 2025 el país cosechó un récord de 14.78 millones de quintales. No hablamos de nostalgia folclórica. Hablamos de Mao, Nagua, La Vega, Cotuí y San Francisco de Macorís. De un producto que se siembra, se financia, se procesa, se cocina y se convierte cada mediodía en parte de la identidad nacional.

Jaime Aristy Escuder ha formulado una queja legítima: un socio que coopera con Estados Unidos y compra más de lo que vende no debería recibir un trato más gravoso que sus vecinos. Comparto la queja; me inquieta el reclamo. Un historial de lealtad presentado como cuenta por cobrar invita a Washington a presentar la suya. El superávit estadounidense de 5,400 millones de dólares no es un escudo jurídico frente a la Sección 301, pero confirma que somos uno de sus mejores clientes caribeños. Eso abre la conversación; no fija sus términos. La queja pregunta por qué nos impusieron el 12.5. La estrategia pregunta cuánto nos costará salir de él. Ser socio confiable no puede significar ser socio disponible.

Negociar bien el arancel, sin embargo, no resuelve el problema de fondo. Una relación estrecha con Estados Unidos forma parte de nuestra geografía, nuestra historia, nuestra diáspora y nuestra economía. Convertir esa cercanía en ausencia de alternativas es una decisión de política pública, no un destino.

Carney lo dijo con una imagen sencilla: Canadá no podía controlar la tormenta que soplaba desde Washington, pero sí trazar su propio rumbo. “Construir en casa y diversificar el comercio afuera no es nuestro plan B. Ha sido nuestro plan A desde el principio”. Canadá, afirmó, tomaría sus propias decisiones sobre con quién comerciar y cómo. La República Dominicana debe preservar exactamente esa facultad.

Otro expediente muestra hacia dónde puede moverse la presión. Un informe de la Casa Blanca sobre transbordo coloca a la República Dominicana entre las jurisdicciones vulnerables al reenvío de mercancía china y señala el corredor Caucedo-Haina. También presenta el acceso preferencial al mercado estadounidense como un atractivo para esos flujos y ofrece las reglas de origen de los nuevos acuerdos como remedio. La presión no adopta todavía la forma de una exigencia arrocera; adopta la forma más amplia de una demanda de alineamiento.

Lo he sostenido antes: ni satélite ni barricada, sino pivote. Un pivote no gira porque una capital extranjera se lo ordena. Gira desde su propio equilibrio: coopera con Estados Unidos cuando los intereses coinciden, protege sus límites cuando divergen y conserva más de una puerta abierta al mundo.

La región ya practica esa coexistencia. Ecuador conversó esta semana con China sobre comercio, energía y economía digital mientras conserva el arancel estadounidense de 10 por ciento. El Salvador firmó con Washington y China continúa construyendo su nuevo estadio nacional. Perú opera el puerto de Chancay, desarrollado con capital chino y conectado directamente con Asia. Ninguno de esos ejemplos demuestra que China sea benigna. Demuestran algo más modesto: China no es radioactiva.

Tampoco es beneficencia.

Es una potencia con intereses propios, como toda potencia. Sus proyectos deben pasar por competencia, transparencia, evaluación financiera, seguridad nacional y jurisdicción dominicana. Lo que no deben pasar es por un permiso informal expedido en otra capital.

Dependencia no es amistad.

Diversificación no es traición.

La estrategia debe comenzar por documentar la aplicación del Decreto 502-26 y reclamar el precedente hondureño. Luego viene lo difícil: calcular por sector el daño del 12.5, identificar cada solicitud estadounidense, valorar cada concesión y fijar líneas rojas. Todo compromiso debe incluir revisión periódica, reciprocidad medible y derecho de reequilibrio si Washington vuelve a cambiar la tasa.

La meta no es “firmar algo”, ni siquiera “conseguir el 10”. Es demostrar, con cifras y cláusulas, que lo obtenido vale más que lo entregado. La pausa valía lo que se hiciera con ella. La rebaja valdrá lo que se entregue por ella.

Washington ya ha unido los expedientes. Nuestras entidades no pueden negociar por separado. Las zonas francas querrán bajar el 12.5; Agricultura, conservar el 99; la Cancillería, anunciar un éxito. Sin una contabilidad conjunta, cada actor puede creer que ganó mientras el país pierde. Hace falta una posición nacional con cifras, prioridades, límites y una sola voz.

Entre el no de Carney y el sí de Bukele existe una respuesta dominicana: negociar sin arrogancia, sin miedo y sin cheque en blanco.

La pausa terminó.

La carpeta está abierta.

Las voces ya están en Washington.

Hace falta un director que las vuelva coro, una calculadora junto a la bandera y un mapa con más de un destino.

Vienen por nuestro arroz, Ito.

Que no se lleven con él nuestro derecho a escoger el mundo.