Qué compramos cuando pagamos diplomacia

En marzo de 2022, la Cancillería dominicana hizo público un documento que merecía más atención de la que recibió. Al establecer una escala de remuneraciones para los funcionarios diplomáticos —un mandato del reglamento de la Ley 630-16 que llevaba años sin aplicarse—, el Ministerio explicó por qué no había podido aplicarlo antes: la cantidad de personas nombradas en el servicio exterior lo hacía imposible, y solo la reducción de esa nómina generó el ahorro necesario para dignificar las condiciones de quienes efectivamente representan al país en el extranjero. Añadió que hasta entonces la asignación de recursos a los diplomáticos se había caracterizado por la discrecionalidad.

Conviene leer eso despacio. Es la propia institución reconociendo que durante años hubo demasiadas personas nombradas y demasiado poco criterio para retribuirlas.

Ese reconocimiento desmonta la queja habitual. Se dice, y yo mismo lo he dicho, que la diplomacia es tratada como un gasto prescindible frente a otras prioridades. La evidencia sugiere algo distinto y menos cómodo: el problema dominicano no ha sido cuánto se destina al servicio exterior, sino qué se compra con ese dinero.

Las cifras están publicadas y conviene mirarlas de cerca. El presupuesto aprobado del Ministerio de Relaciones Exteriores para 2026 asciende a 12,463.8 millones de pesos: menos del uno por ciento del gasto público. Es una cantidad modesta para el instrumento con que un país defiende sus intereses en el mundo, y de ahí la queja habitual. Pero el desglose dice otra cosa. Casi la mitad del total, 5,967.2 millones, corresponde a remuneraciones y contribuciones. Los alquileres y rentas suman 1,806.4 millones y los viáticos 1,109.1 millones. Entre sueldos, alquileres y viáticos se va el setenta y uno por ciento del presupuesto de la Cancillería. Siete de cada diez pesos financian el hecho de estar.

Si aceptamos hablar de inversión, hay que aceptar la disciplina que el término impone. Una inversión no se juzga por su monto sino por su retorno, y el retorno de la diplomacia no es la presencia: es la capacidad. La presencia se compra con nombramientos; la capacidad se construye con años de formación, especialización regional, dominio de idiomas, asesoría jurídica propia y práctica negociadora acumulada. Lo primero produce fotografías de presentación de credenciales. Lo segundo produce resultados que rara vez llevan el nombre de nadie.

La diferencia entre ambas cosas se aprecia mejor en el terreno donde sí hemos construido capacidad. La negociación comercial es, con distancia, el área en que el Estado dominicano acumuló competencia real: la Ley 630-16 sitúa a la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales a la cabeza de la coordinación de esas negociaciones, y años de mesas sucesivas dejaron equipos que aprendieron el oficio negociando. Nadie improvisa hoy una negociación comercial dominicana. Ese es el modelo, y funciona.

El contraste con otros campos es lo que debería inquietarnos. En análisis de riesgo político, en asuntos consulares digitalizados, en derecho internacional especializado y en el conocimiento profundo de regiones donde tenemos misiones pero no especialistas, no existe ni el órgano permanente ni la práctica acumulada. Ahí seguimos comprando presencia. Y cuando aparece un expediente que exige competencia técnica, se contrata por proyecto: se paga, se usa y se devuelve, sin que el Estado retenga nada. Un país que arrienda repetidamente el mismo conocimiento acaba pagándolo varias veces sin poseerlo nunca.

La pregunta relevante, en todos esos campos, es la misma: ¿estamos pagando por estar o pagando por saber? Aquí conviene reconocer los avances, porque existen. La escala de remuneraciones sustituyó la discrecionalidad por un criterio uniforme que toma en cuenta el índice de costo de vida de las Naciones Unidas para cada ciudad, la importancia relativa de cada misión y el rango del funcionario. Los decretos recientes de rotación y alternancia aplican mecanismos que la Ley 630-16 y su reglamento de carrera previeron y que durante mucho tiempo permanecieron en el papel. Nada de esto es menor: es exactamente el tipo de reforma discreta que no genera titulares y sí genera capacidad.

Los datos están al alcance de cualquiera, aunque dispersos de una manera que importa. El Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, encargado de formar y especializar al personal del servicio exterior, es un órgano desconcentrado y publica su presupuesto por separado. Para 2026 asciende a 177.2 millones de pesos: el 1.4 % de lo que se asigna al Ministerio. Dicho de otro modo, lo que la Cancillería paga en alquileres de sus locales en el exterior equivale a más de diez veces el presupuesto completo del instituto que forma a quienes trabajan en ellos. Y de esos 177.2 millones, tres cuartas partes corresponden a la nómina del propio instituto, de manera que para programas, docentes, becas y publicaciones quedan unos 43 millones. Esa proporción no es una opinión sobre nuestras prioridades: es su enunciado contable.

Porque la diplomacia no promete resultados inmediatos, pero sí ofrece algo verificable: la posibilidad de que el país decida su lugar en el mundo en lugar de aceptarlo. Esa posibilidad se compra con criterio, no con volumen. Y ahorrar en diplomacia suele significar pagar más adelante, casi siempre en peores condiciones; pero gastar en diplomacia sin preguntarse qué se está comprando significa pagar ahora y no recibir nada.

No hace falta un debate sobre cuánto invertir en política exterior. Hace falta uno sobre qué hemos comprado con lo ya invertido. Los documentos están publicados y firmados. Basta con leerlos.

El autor es presidente fundador de la Fundación Diplomacia Dominicana y autor de varias obras sobre diplomacia, protocolo y etiqueta.