Peregrinar a Nueva York para ver caer la lluvia

La semana pasada, en el Consejo de Seguridad, el embajador de Estados Unidos relató la historia de un niño de ocho años a quien las bandas enseñaron a matar perros para enseñarlo, después, a matar personas. Lo rescataron, contó; muchos otros siguen ahí. No es una anécdota: es el rostro de una guerra en la que uno de cada dos pandilleros no ha cumplido la mayoría de edad, y en la que Haití cerró 2025 con 9.063 personas asesinadas. No es el saldo de una guerra declarada. Es el de una paz que nunca llegó.

El Consejo volvió a reunirse sobre Haití, y cuatro voces dibujaron el mapa entero de la crisis: la oficina política de la ONU, la agencia contra la droga y el delito, la enviada para la infancia y el jefe de la fuerza multinacional. Encima de la mesa, el informe que el Secretario General había firmado seis días antes, ochenta párrafos que cuentan lo ocurrido desde abril. El tono no fue de rendición. Por primera vez en años asoma algo parecido a una oportunidad. El 2 de julio se publicó un decreto electoral nuevo; el 3 de julio, tras meses de tira y jala, el Gobierno y el Consejo Electoral Provisional acordaron un presupuesto de 120 millones de dólares para los comicios, después de haber discutido uno de 230; el propio día de la sesión se abrió el registro de votantes; y ya comenzaron las primeras operaciones contra la infraestructura de las bandas. El aparato existe: una Fuerza de Represión de las Bandas, una oficina de la ONU que la sostiene en lo logístico, una misión política que acompaña la transición. El problema es que una máquina sin combustible no es una máquina. Es un monumento.

La advertencia más honda la trajo la directora de la agencia contra la droga y el delito, recién llegada del terreno. Las bandas, dijo, ya no buscan solo tomar territorio: buscan capturar los sistemas de gobierno y las arterias económicas de las que depende la vida, los corredores de transporte, el combustible, la comida. Cada retén que controlan es una firma de su autoridad. Lo de Haití, resumió, dejó de ser solo una crisis de seguridad para volverse una crisis de gobernanza empujada por el crimen. Y repitió lo que le pidió la gente que conoció allí: no milagros, sino poder viajar sin miedo, ganarse la vida, mandar a los hijos a la escuela. Cosas mínimas que el haitiano de a pie lleva años resolviendo con lo poco que le queda.

Contra ese diagnóstico, los números del despliegue duelen. La fuerza fue autorizada para 5.550 efectivos; al 8 de julio había 1.083 uniformados en el terreno, más un componente civil de dieciséis personas. El comandante llegó el 14 de mayo. Los primeros 336 soldados de Sri Lanka aterrizaron entre el 1 y el 8 de julio y se sumaron a los chadianos, salvadoreños, guatemaltecos, mongoles y jamaicanos que ya estaban; vienen en camino oficiales peruanos, policías militares e ingenieros. México, por su parte, entrena a los nuevos uniformados haitianos. El cuello de botella no es el mandato, sino la logística de mover tropas y equipo ya prometidos, y un hecho más incómodo: esto no es una operación de cascos azules con financiamiento asegurado, sino una coalición de voluntarios sostenida por un fondo de aportes voluntarios que vive corto. Quince Estados han prometido 223,5 millones de dólares; han entrado 184,2; y de ese dinero ya cobrado apenas se han desembolsado 67,5. Conviene leer otra vez esa última cifra. El problema no es solo lo que nadie ha dado. Es lo que, estando dado, todavía no se ha gastado.

No es que nada ocurra. La fuerza ya tiene un centro de operaciones conjuntas, terminado el 25 de mayo, un cuartel operativo en Camp Vertières y un hospital de nivel dos; el nivel tres, el que atiende las heridas que no esperan, sigue colgando de acuerdos legales sin firmar. El 1 de junio salieron las primeras patrullas. El 21 de junio vino la primera operación selectiva, en Tabarre: catorce detenidos, centenares de cócteles molotov destruidos, excavadoras retirando las barricadas con que las bandas marcan territorio. En julio, una incautación de armas entregada a las autoridades; la semana pasada, bajo fuego, el desmantelamiento de un depósito de artefactos incendiarios. El jefe de la fuerza presentó además parámetros medibles para que el propio Consejo evalúe si el control de las bandas retrocede. Son pasos reales, pero pequeños frente a un enemigo que se adapta más rápido de lo que la fuerza crece. Y hay detalles que delatan el tamaño del apuro: hubo contingentes que llegaron sin el equipo que se había pactado que traerían. No e’ fácil: cada cuadra que se recupera se paga cara.

Y hay una contradicción que la propia sala dejó al descubierto. El Consejo decretó un embargo de armas y lo renovó, pero el tráfico sigue casi sin freno. Haití no fabrica armamento: los fusiles de tipo militar que arman a las bandas llegan de fuera, sobre todo desde el norte. Rusia lo dijo en voz alta y señaló a Estados Unidos como principal origen; Pakistán y México prefirieron reclamar controles más estrictos y una aplicación de veras del embargo. El diagnóstico, en el fondo, coincidía: se combate el síntoma en Puerto Príncipe mientras la fuente permanece abierta, y el tráfico no ha cedido ni un chin. El régimen de sanciones, entretanto, apenas ha rozado a un puñado de cabecillas, casi nunca a quienes los financian, los proveen o los amparan. Y en el aire hay un actor que ninguna resolución autorizó: el informe registra operaciones aéreas apoyadas por una empresa militar privada extranjera sobre Puerto Príncipe y el Artibonite. Córtese el dinero y las armas, o cada banda desarticulada hoy volverá mañana.

En el centro de todo late una trampa moral que la enviada para la infancia nombró sin rodeos. Una fuerza con mandato ofensivo, frente a un enemigo que es mitad niños, puede terminar matando, hiriendo o encarcelando a las víctimas que dice querer salvar. Contó lo que vio en un centro de menores de Puerto Príncipe, y el informe del Secretario General pone la aritmética exacta: el centro de rehabilitación para menores en conflicto con la ley fue diseñado para 93 muchachos y guarda a más de 760 personas, menores y adultos revueltos, con chicos que llevan hasta ocho años presos sin haber visto jamás a un juez. Más de 570 niños ya fueron entregados a la protección civil, prueba de que se puede; pero el sistema que debería recibir a quienes salgan de las bandas todavía no está montado, y la ofensiva ya empezó. La secuencia va al revés.

Y la justicia que debería juzgar tanto los crímenes de las bandas como los abusos de la fuerza está ripiá. Al 30 de junio había 7.563 personas presas, entre ellas 413 mujeres, 263 varones menores de edad y 20 niñas; el 82 % sin condena; la ocupación de las cárceles en 313 %; el espacio disponible por persona, 0,31 metros cuadrados, menos que el asiento de una silla. En el primer semestre murieron 49 presos. El Consejo Superior del Poder Judicial comisionó a 120 magistrados el 14 de mayo para que los tribunales no cerraran del todo, y cerca del 57 % de los jueces del principal tribunal de la capital ya había abandonado el país. Francia celebró las nuevas salas contra los crímenes de masas, pero una sala sin jueces es un cascarón. Y las masacres que definieron la última década siguen sin juicio: Grande Ravine en 2017, La Saline en 2018, Bel Air en 2019, Pont Sondé en 2024. Ninguna avanzó en este trimestre. Ninguna. Seguridad sin justicia no es paz. Es una pausa.

Hay una parte del expediente que rara vez llega a los titulares. Entre el 1 de marzo y el 31 de mayo, la misión documentó 825 episodios de violencia sexual con 853 víctimas: 807 mujeres, 45 niñas, un hombre. En el 84 % de los casos la violación fue colectiva. Casi la mitad de esos hechos había ocurrido antes del período que se reporta y salió a la luz tarde, porque denunciar exige una puerta a la cual tocar, y en buena parte del país esa puerta no existe. Los socios humanitarios registraron otros 1.880 casos de violencia de género, siete de cada diez con violación o agresión sexual de por medio. Se planificaron cuatro casas de acogida para sobrevivientes. Hay dos abiertas: una en Puerto Príncipe desde el 22 de mayo, otra en Jérémie desde el 1 de julio. Dos.

Y afuera de la sala está el país que sostiene todo esto. Al 13 de mayo había 1,47 millones de desplazados internos, el 12 % de la población; el 54 % mujeres y niñas, el 51 % menores de edad. El área metropolitana de Puerto Príncipe cruzó por primera vez los 300.000 desplazados. Regresaron 165.937 personas, un 89 % más que en diciembre, pero volver a una casa sin agua, sin escuela y sin policía no es regresar: es apostar. Entre marzo y junio, 5,8 millones de haitianos, el 52 % de la población, enfrentaron inseguridad alimentaria aguda, y más de 1,8 millones estaban en emergencia. Seis millones y medio necesitan asistencia humanitaria. El plan que debía atenderlos pide 880,3 millones de dólares y al 15 de junio tenía cubierto el 25 %. En ese vacío que deja el Estado prosperó otra violencia: las turbas y los grupos de autodefensa mataron al menos a 87 personas a palos, machetazos y pedradas, y en algunos casos quemaron los cuerpos. Ochenta y cuatro hombres, dos mujeres, una niña.

Los desafíos inmediatos tienen nombre y precio. El Secretario General, que visitó Puerto Príncipe el 16 de junio y se sentó con desplazados, con la sociedad civil y con el mando de la fuerza, puso sobre la mesa un programa de desarme, desmantelamiento y reintegración por fases, de entre 13,5 y 150 millones de dólares al año según la ambición que se escoja, junto a las reformas de la justicia sin las cuales nada se sostiene; recomienda la opción más completa y pide a los Estados comprometerse con un fondo multipartito que le dé al dinero lo único que hoy no tiene: previsibilidad. Mientras tanto, la escala real de lo hecho cabe en un dato: trece niños vinculados a bandas fueron trasladados a un centro de tránsito en este período. Trece, frente a los diez o quince mil miembros que se calculan en las bandas. El presupuesto nacional revisado, aprobado el 2 de junio, subió el gasto en defensa un 38 % y creó una línea de 45 millones para actividades electorales, menos de la mitad de lo que las propias elecciones costarán. Entre el déficit de la fuerza, un plan humanitario cubierto en una cuarta parte y el costo del desarme, la aritmética es despiadada: la oportunidad que todos invocan tiene un precio, y hoy no está pagado. Si de veras hay ventana, hay que meter mano ya, no en el próximo informe.

En la sala, las voces formaron un coro con grietas. Panamá, que lleva el expediente junto a Estados Unidos, pidió una respuesta integral y recordó que 1,4 millones de personas ya dejaron sus casas. El Reino Unido puso 7,5 millones de dólares para vigilar que la fuerza respete los derechos humanos. Letonia la llamó un cambio de juego y avisó que las mujeres siguen lejos del 30 % de representación que manda la Constitución. Grecia alertó que el plan humanitario apenas está cubierto en una cuarta parte y pidió cuidado con los drones y las víctimas civiles. China reclamó máxima cautela en el uso de la fuerza y repitió que el futuro de Haití lo deben construir los haitianos, un estribillo que la tríada africana del Consejo hizo suyo. Todos, sin excepción, hablaron de una ventana de oportunidad.

Y ahí la palabra debe dejar de hacer el trabajo del hecho. Durante años, funcionarios han peregrinado a esta misma sala de Nueva York para anunciar la misma ventana, junto a momentos decisivos y puntos de inflexión que no giraron hacia ningún lado. El lenguaje de la urgencia se volvió rutina, y la rutina, a ratos, pura baba. El Consejo autoriza, mide y renueva, pero no manda la fuerza ni la paga: su instrumento real es el calendario, y el calendario apunta a septiembre, cuando el mandato vuelve a votarse.

Renovarlo no bastará si la distancia entre lo prometido y lo entregado sigue abierta. El primer ministro dijo en mayo que las elecciones difícilmente ocurrirían en agosto, pero que la primera vuelta podía celebrarse antes de que termine el año y que un presidente electo asumiría el 7 de febrero de 2027. Esa fecha es ahora la vara. La prueba de que esta vez es distinta no estará en los discursos. Estará en los aviones que aterricen, en las promesas que por fin se cobren, en los 67,5 millones que se conviertan en gasto y no en asiento contable, en los centros de acogida que abran antes de que la ofensiva crezca, en un 7 de febrero que amanezca con un presidente electo.

Aquel niño de ocho años aprendió a matar antes que a leer. En junio, mientras en las capitales se discutían presupuestos, 2.400 muchachos de 48 escuelas públicas salieron a jugar un torneo llamado Ti Mondial, el Mundialito, inventado para que a un niño le llegue antes la pelota que el fusil. Devolverles la infancia a los miles que siguen atrapados no depende de un fracatán de discursos nuevos, sino de que se cumpla lo que ya se firmó. Y mientras tanto, contra todo pronóstico, el pueblo haitiano sigue ahí tirando pa’lante. Donde hoy hay una barricada, alguien intenta imaginar una fila para votar. La distancia entre esa barricada y esa fila es, exactamente, la distancia entre lo que el mundo dijo y lo que está dispuesto a hacer. La ventana está abierta. No se quedará abierta sola.