Las sillas ya están puestas

El 19 de agosto hubo una pelea. El 3 de septiembre hubo un trámite. A juzgar por lo debatido públicamente, hay más claridad sobre cómo reunir a los cancilleres que sobre los resultados que se buscarán.

En agosto, veintinueve Estados votaron a favor de convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Brasil votó en contra. México se abstuvo. Dos semanas después, el Consejo Permanente acordó, sin objeciones, remitir a los ministros los proyectos de reglamento y temario y las recomendaciones de procedimiento. También encargó a la Secretaría General identificar ahorros presupuestarios de hasta treinta y dos mil dólares para sufragar el encuentro. Por sorteo, Guatemala quedó primera en el orden de precedencia: su canciller presidirá provisionalmente la apertura. Hasta la primera silla tiene ocupante previsto.

Haber presidido ese Consejo me enseñó a distinguir el alcance de un consenso: permitir que una decisión siga su curso no equivale a compartir sus posibles desenlaces. Septiembre organizó la reunión; no resolvió las diferencias sobre la respuesta a Managua.

En El espejo de San José examiné de dónde viene este mecanismo. Ahora importa saber hacia dónde va.

El detonante inmediato fue el anuncio de Daniel Ortega, el 19 de julio, de impedir elecciones que permitieran a sus adversarios acceder al poder. El 5 de agosto, una primera discusión terminó sin votación. Tras nuevas negociaciones, el texto aprobado el día 19 declaró que la democracia representativa ya no existe en Nicaragua y convocó a los ministros para considerar las «acciones apropiadas». No estableció sanciones ni anticipó qué medidas recibirían respaldo.

La mayoría reunía expectativas distintas. Estados Unidos, Argentina y Perú reclamaron resultados más allá de las declaraciones. Perú resumió la impaciencia: «ya basta de comunicados de preocupación». Costa Rica y Colombia destacaron el fundamento jurídico. Granada respaldó la consulta sin comprometer su voto sobre medidas posteriores. Jamaica y Uruguay insistieron en una salida pacífica. Antigua y Barbuda, por su parte, figuraba entre los presentadores originales: el Caribe participó en la construcción del acuerdo, no solamente en su moderación.

Brasil formuló una objeción que merece conservarse en el debate: acusó al proceso de privilegiar la visibilidad política inmediata sobre los resultados para los nicaragüenses. México advirtió sobre la conversión de una crisis política y de derechos humanos en un asunto de seguridad hemisférica. Esas reservas no desaparecieron porque sus delegaciones permitieran aprobar los preparativos.

El proyecto de reglamento ayuda a entender lo que viene: las decisiones sustantivas requerirían dos tercios de los países representados. Será necesario negociar nuevamente. Los apoyos obtenidos para sentarse no constituyen votos disponibles para cualquier propuesta que llegue a la mesa.

Mi reserva frente al impulso estadounidense comienza ahí. Me preocupa que su éxito termine midiéndose por las adhesiones que consigue Washington, no por las libertades que recuperan los nicaragüenses. La votación no revela todas las motivaciones de cada gobierno. Tampoco demuestra que exista una estrategia compartida. Las capitales latinoamericanas y caribeñas deben participar en la definición de esa política, con capacidad para modificarla y no únicamente para respaldarla.

Mientras tanto, Managua actúa. El 1 de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó en primera legislatura una reforma que amplía los mandatos a siete años y excluye de candidaturas y cargos públicos a quienes se califique de «golpistas» o «traidores a la patria». El texto conserva formalmente elecciones; la cuestión es quién podrá competir en ellas. El día 9, la Cancillería dominicana informó del cierre de la embajada nicaragüense en Santo Domingo, sin que se anunciara una ruptura formal de relaciones.

La diplomacia deberá examinar esos movimientos junto con la experiencia del régimen. En El preso 198 , Fabián Medina Sánchez reconstruye el pacto con Arnoldo Alemán que rebajó al treinta y cinco por ciento , acompañado de una ventaja de cinco puntos, el umbral para ganar en primera vuelta. Ortega obtuvo algo más del treinta y ocho por ciento en las elecciones de 2006. La negociación había alterado las condiciones de su regreso. Ese antecedente aconseja evaluar cualquier entendimiento por las oportunidades que abra a los demás, no solamente por las concesiones que anuncie el poder.

No comparto, por eso, que cercar al régimen hasta provocar su colapso constituya por sí mismo una estrategia suficiente. Tampoco que, ante la falta de acuerdo, la alternativa sea dar cobertura regional a las medidas que cada Estado considere necesarias para derrocarlo. Esa propuesta ya circula en el debate público y merece una respuesta: hay que explicar el camino entre la presión y una apertura democrática, incluidos los riesgos de que el poder se cierre todavía más.

Nicaragua dejó la Organización en noviembre de 2023; suspender su participación ya no ofrece una respuesta. Los cancilleres pueden coordinar políticas y encargar gestiones dentro de sus competencias, pero no dispensar a los gobiernos de cumplir el derecho internacional. La convocatoria actual no autoriza la fuerza ni convierte una decisión nacional en lícita por llevar respaldo ministerial.

La acción militar estadounidense en Venezuela, el 3 de enero, vuelve concreta esta discusión. Que una potencia haya actuado unilateralmente no crea una nueva excepción jurídica ni obliga a los demás a elegir entre acompañarla y resultar irrelevantes. Construir una respuesta colectiva seria también significa impedir que su eventual insuficiencia se invoque como permiso para ignorar las reglas.

En el debate opositor también se ha propuesto tratar al propio régimen como una amenaza a la seguridad hemisférica. Ese desplazamiento exige cautela: podría subordinar la recuperación de derechos a las prioridades estratégicas de otros gobiernos. Reconocer consecuencias regionales no obliga a convertir el proceso en una lógica de enemigos que deben neutralizarse. La agenda de seguridad no debe desplazar la participación nicaragüense ni servir para eludir los límites de la actuación estatal.

Yo respaldaría una política que combine presión selectiva jurídicamente sustentada, negociación con compromisos verificables y protección inmediata para las personas perseguidas. No comenzaría por una lista más larga de castigos. Comenzaría por identificar qué conductas se busca modificar, quién tiene capacidad para modificarlas y qué instrumentos podrían influir sobre esas decisiones.

Las restricciones de visado, las medidas financieras o la reducción de contactos diplomáticos requieren examinar sus destinatarios, sus efectos y las obligaciones aplicables. Sus promotores deben explicar por qué elevar ciertos costos induciría una concesión. También deben prever cómo limitar daños a la población, qué avances permitirían revisar las medidas y qué alternativa habría si Managua no responde.

Quienes propongan diálogo tendrán que precisar interlocutores y compromisos. Liberar presos políticos sería un avance humano concreto, aunque no resolviera toda la crisis. Presentarlo como prueba de una apertura duradera exigiría garantías contra nuevas detenciones. Hay que reconocer los resultados parciales sin atribuirles consecuencias que todavía no tienen.

República Dominicana podría aportar algo más preciso que otra exhortación. Propongo que nuestro país impulse un mandato para que la Secretaría General coordine las gestiones acordadas y presente al Consejo Permanente un primer informe público sesenta días después de la reunión. El informe debería identificar los compromisos asumidos, las actuaciones realizadas y los obstáculos encontrados, sin exponer a personas ni comprometer gestiones que requieran reserva. El plazo sería para rendir cuentas, no para prometer una transición. El mandato necesitaría responsables y recursos desde su aprobación.

Ese seguimiento debería recoger las prioridades de víctimas y organizaciones nicaragüenses, respetando su pluralidad y su seguridad. Los gobiernos también podrían coordinar documentación y protección para personas exiliadas, apoyar la preservación de pruebas y sostener a quienes defienden derechos. Son tareas que no necesitan esperar una concesión de Managua para comenzar.

La hoja de ruta para una transición ordenada merece reconocimiento. Alguien debe pensar en las reglas, las garantías y las tareas de una futura apertura; improvisarlas cuando llegue el momento sería irresponsable. Ese trabajo puede acompañar la gestión diplomática sin convertirse en una condición que deba quedar completamente acordada antes de conseguir el primer avance. Preparar el después y mover el presente son responsabilidades complementarias.

Tampoco deberíamos exigir que el proceso sea lineal ni que todos sus componentes maduren al mismo tiempo. Podrían abrirse interlocuciones antes de existir un acuerdo amplio o recuperarse espacios que permitan una participación mayor. Cada paso deberá evaluarse por lo que cambia para las personas y por las posibilidades que abre. La cautela debe ayudar a avanzar, no convertirse en otra forma de espera.

Hay, además, una pregunta de legitimidad que no puede resolverse contando reuniones con cancilleres: ¿a quién representan los voceros y cómo recogen las prioridades de quienes permanecen en Nicaragua? Defender derechos no exige acreditar una mayoría; hablar en nombre de ella exige algo más que respaldo exterior. Estas preguntas deben fortalecer el vínculo entre las propuestas y la sociedad, no desacreditar a quienes han sido expulsados.

Del caso venezolano retendría otra cautela: el reconocimiento exterior no debería confundirse con capacidad de organización y representación dentro del país. Las agendas que consiguen atención en otras capitales pueden alejarse de las preocupaciones de quienes necesitan trabajar, sostener a sus familias y protegerse cada día. El exilio no implica por sí mismo esa desconexión, pero obliga a cuidar los vínculos que la distancia puede debilitar. Tener acceso a quienes deciden afuera no sustituye escuchar a quienes viven las consecuencias adentro .

Esa escucha debe ser plural y segura. No corresponde exigir una demostración pública de respaldo a quienes no pueden expresarse sin riesgo, ni interpretar su silencio como consentimiento para que otros decidan por ellos. Las organizaciones en el exterior pueden aportar protección, interlocución y preparación; su tarea debería ayudar a recuperar la capacidad de participación de toda la sociedad, no reemplazarla . La legitimidad también se construye durante el camino, ampliando las voces que pueden influir sobre él.

La misma constancia debemos reclamar para Haití. En la sesión del 3 de septiembre, la delegación dominicana pidió convertir los compromisos internacionales en recursos, capacidades y actuaciones concretas. La coherencia hemisférica no consiste en aplicar una receta idéntica, sino en sostener los esfuerzos, corregir errores y responder por los resultados.

Para Nicaragua, el criterio debería ser cuánto disminuye la persecución y cuánto crece la posibilidad de organizarse, expresarse y decidir. Ninguna capital puede prometer todo eso de una vez. Todas pueden explicar qué harán para contribuir.

Las sillas ya están puestas.

Ahora falta una política que siga en pie cuando los cancilleres se levanten.