La tecnología no reemplaza al diplomático, lo desnuda

Durante buena parte de mi carrera, una porción considerable del valor del diplomático consistía en saber antes. El informe reservado, el cable, la conversación que nadie más había tenido: eso era capital profesional y se administraba como tal. Ese capital se evaporó. Hoy un analista sentado en Santo Domingo puede seguir una crisis en Asia con más fuentes, más rapidez y menor costo que una embajada entera. Conviene decirlo sin dramatismo y sin nostalgia: la ventaja informativa del servicio exterior desapareció y no va a volver.

De ahí surge la pregunta que la profesión suele esquivar. Si cualquiera puede acceder a la información, y si los sistemas actuales procesan volúmenes que ningún equipo humano igualaría, ¿qué justifica todavía la existencia del diplomático? Responder “el juicio” es cierto pero insuficiente, porque el juicio también lo ejercen el periodista corresponsal, el consultor y el académico, a veces con más libertad y menos ataduras. La respuesta honesta es más estrecha y sólida: el diplomático conserva dos cosas que ninguna tecnología y ninguna otra profesión pueden sustituir. Está en la sala, y responde por lo que dice.

En septiembre de 2005 integré la delegación dominicana en la conferencia del Caribe sobre delimitación marítima celebrada en Ciudad de México, acompañando a Carlos Michelén, principal impulsor técnico de la condición archipelágica dominicana. Defendíamos un expediente sólido: el sustento científico para que el país asumiera la categoría de Estado archipelágico y ampliara su zona económica exclusiva. Todas las delegaciones tenían los mismos documentos, los mismos mapas e informes. La única ventaja disponible estaba en el salón. Por cómo intervenía cada delegación, en qué orden, con cuánta prisa o cuánta cautela, fuimos deduciendo quiénes nos acompañarían y a quiénes había que persuadir. Y buena parte del trabajo no ocurrió en la sesión formal, sino en los recesos: en unos asegurábamos el respaldo de los primeros y en otros intentábamos mover a los segundos. Nuestra estrategia se decidió más por lo que percibimos allí que por la fuerza jurídica de lo que llevábamos, que era considerable. Dos años después, la Ley 66-07 declaró al país Estado archipelágico.

Estar en la sala no es una ventaja sentimental. La información se ha vuelto abundante, pero el contexto sigue siendo escaso, y el contexto rara vez se escribe. Ningún sistema registra que un interlocutor evitó un tema, que el número dos corrigió al número uno con una mirada, o que una fórmula aparentemente técnica fue elegida para dejar una puerta abierta. Esa lectura no es intuición: es un oficio que se aprende y que se pierde cuando no se practica.

La segunda diferencia es más importante y menos discutida. El diplomático no solo interpreta: compromete. Su palabra vincula al Estado y su firma produce consecuencias jurídicas. La inteligencia artificial puede evaluar escenarios, anticipar riesgos y redactar posiciones con notable eficiencia, pero no puede responder por ellas. La responsabilidad no es delegable, y toda decisión que afecte la paz, la cooperación o el conflicto es, en última instancia, una decisión política de la que alguien debe responder con su nombre. Ahí termina el terreno de la máquina y empieza el del funcionario.

Por eso el título de estas líneas no es una provocación. Cuando la información era escasa, un diplomático mal preparado podía sostenerse en el acceso: bastaba con estar donde otros no estaban. La abundancia retiró ese amparo. Hoy quien carece de formación, criterio o visión estratégica no queda disimulado por la tecnología, queda exhibido por ella, porque lo único que le resta es aquello que las herramientas no proveen. La tecnología se ha convertido en un espejo incómodo.

Hay además un efecto que agrava el problema. La aceleración ha comprimido los tiempos: los hechos ocurren en tiempo real y una reacción tardía se percibe como irrelevante. Pero rapidez no es precipitación. Un servicio exterior que responde rápido sin criterio no multiplica su eficacia: multiplica sus errores, y ahora los multiplica en público y de forma permanente.

Nuestro marco institucional previó parte de esto. El Reglamento 142-17 de la Ley 630-16 sitúa, en su artículo 9, dentro del despacho del ministro, una Dirección de Estudios y Análisis Estratégicos, es decir, una capacidad propia de interpretación y no solo de gestión. La existencia de esa previsión importa, porque significa que el debate no es si hace falta análisis, sino si estamos dotando de medios reales a la instancia que ya está llamada a producirlo.

De ahí que los compromisos que corresponde exigir no sean tecnológicos, sino profesionales, y deban poder comprobarse.

El primero es de formación. Que el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular incorpore, como contenido obligatorio y evaluado, la lectura crítica de datos y el uso de herramientas de análisis, con la misma seriedad con que enseña derecho internacional. No para producir técnicos, sino para producir funcionarios capaces de saber cuándo apoyarse en una herramienta y cuándo desconfiar de ella.

El segundo es de reglas. Que se establezca y publique un protocolo claro sobre quién habla por el Estado en el entorno digital, en qué condiciones y con qué procedimiento de validación. En un ambiente donde una publicación de treinta palabras puede ser leída como posición nacional, la ausencia de reglas no es flexibilidad: es riesgo.

El tercero es de servicio. Que la digitalización consular se mida y se publique con estándares verificables —tiempos de respuesta, trámites resueltos, incidencias—, porque para los más de tres millones de dominicanos que residen en el exterior, según el Registro Sociodemográfico del INDEX, la tecnología diplomática no es una abstracción estratégica, sino la diferencia entre resolver un documento en una semana y perder un empleo esperándolo.

La tecnología ha transformado el entorno, pero no la esencia del oficio, que sigue siendo interpretar, negociar y responder. No decide por nosotros.

Solo muestra, con una claridad que antes no existía, qué tan preparados estamos para decidir.

El autor es presidente fundador de la Fundación Diplomacia Dominicana y autor de varias obras sobre diplomacia, protocolo y etiqueta.