La silla que no reclamamos

El pasado 7 de julio, en Gros Islet, la Guayana Francesa firmó su incorporación como octavo miembro asociado de la Comunidad del Caribe. Martinica había ingresado en la misma condición tres semanas antes, con efecto desde el 16 de junio. Ambas fueron recibidas con calidez en la Quincuagésima Primera Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno, la primera a la que asistían como parte de la Comunidad.

Conviene recordar que Martinica y la República Dominicana solicitaron la adhesión el mismo día, en la cumbre de Georgetown de febrero de 2024, cuando el presidente de Guyana anunció que el proceso para que ambas se convirtieran en miembros asociados ya había comenzado. Dos años y cinco meses después, Martinica está dentro y la Guayana Francesa también.

La República Dominicana no aparece en el comunicado. No figura entre los nuevos miembros asociados y tampoco en el apartado dedicado a las solicitudes de membresía plena, que registra las de Bermudas y las Islas Turcas y Caicos. No hubo rechazo: hubo ausencia, que en diplomacia suele ser más elocuente.

Contrastemos eso con junio de 2018, cuando la República Dominicana fue elegida miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el respaldo de 184 de los 193 Estados miembros, sin oposición en su grupo regional y por primera vez en su historia. Presidió el Consejo en enero de 2019 y de nuevo en abril de 2020, cuando condujo la primera presidencia de ese órgano celebrada íntegramente bajo métodos de trabajo virtuales. Fue una operación diplomática impecable.

Ahí está el asunto de estas líneas. Obtenemos el respaldo de 184 Estados del mundo y no obtenemos la silla de nuestro propio vecindario.

La historia es larga. Solicitamos el ingreso en los años setenta y fuimos aceptados únicamente como observador. Pedimos la membresía plena a finales de los ochenta, sin recibir respuesta formal, y volvimos a pedirla en 2013, con impulso del más alto nivel del Estado. Y en 2024 solicitamos de nuevo, esta vez rebajando la petición a membresía asociada.

Lo que ocurrió con aquella solicitud de 2013 explica buena parte del estancamiento, y constituye el caso de estudio más claro que tiene la diplomacia dominicana reciente sobre la relación entre decisiones internas y consecuencias externas.

En noviembre de ese mismo año, reunida en sesión especial en Puerto España y con el presidente de Haití en la sala, la CARICOM suspendió la evaluación de la solicitud dominicana como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional relativa a la nacionalidad de los hijos de extranjeros. El organismo calificó el fallo de aberrante y discriminatorio, sostuvo que despojaba retroactivamente de la ciudadanía a decenas de miles de dominicanos, mayoritariamente de ascendencia haitiana, anunció que revisaría su relación con la República Dominicana en otros foros —incluidos CARIFORUM, la CELAC y la OEA— y llamó a la comunidad internacional a presionar al gobierno dominicano. Un solo fallo judicial interno reconfiguró en días la posición del país en su propia región.

No corresponde a estas líneas pronunciarse sobre el fondo de aquella sentencia. Fue una decisión de un tribunal dominicano en ejercicio de una competencia soberana y su discusión jurídica pertenece a otro debate. La pregunta que sí corresponde a la política exterior es distinta y sigue sin respuesta: ¿evaluó alguna instancia del Estado, antes de que la decisión se produjera, cuál sería su costo internacional? ¿Existía un mecanismo encargado de anticiparlo, advertirlo y preparar la respuesta diplomática? La evidencia sugiere que no, porque la reacción dominicana fue posterior, defensiva y desordenada. La soberanía para decidir en el orden interno es indiscutible; la obligación de prever el precio externo de esas decisiones también lo es, y tiene un titular identificable, que es la Cancillería. Ahí, y no en el contenido del fallo, está la falla que este artículo señala.

Lo que se pierde por estar afuera dejó de ser abstracto. En esa misma reunión de julio, los jefes de gobierno acordaron respaldar la renovación del mandato de la fuerza de supresión de bandas en Haití, consideraron el ofrecimiento de Bahamas para sostener una presencia permanente de la CARICOM en Puerto Príncipe y recibieron el compromiso de Guyana de aportar quinientas toneladas de arroz. El organismo regional deliberó y decidió sobre Haití, con el primer ministro haitiano sentado a la mesa, y el único país que comparte una frontera terrestre con Haití no estaba en la sala.

Hay un segundo detalle revelador. Las Islas Turcas y Caicos, miembro asociado de la CARICOM, aspiran hoy a la membresía plena. Constituyen también una de las cuatro fronteras marítimas que la República Dominicana tiene pendientes de delimitar. Nuestra contraparte en un expediente de soberanía consolida su posición dentro del foro regional mientras nosotros seguimos mirando desde el borde.

El contraste con el Consejo de Seguridad revela algo difícil de corregir. Una candidatura multilateral tiene fecha, meta y final. La inserción caribeña no tiene fecha, no tiene votación única y no termina nunca: exige presencia sostenida en foros menores, relaciones bilaterales con Estados de doscientos mil habitantes que en la Asamblea General valen exactamente un voto, y paciencia a lo largo de administraciones sucesivas. Nuestro servicio exterior sabe hacer lo primero con brillantez. Lo segundo requiere un trabajo distinto, menos vistoso y sin fotografía final.

Tampoco puede decirse que el país sea incapaz de integrarse. Alcanzamos la membresía plena en el Sistema de la Integración Centroamericana y llegamos a ejercer su presidencia pro tempore. Nos integramos donde resultaba más fácil y dejamos pendiente el vecindario donde la integración exigía resolver asuntos propios.

De ahí que la pregunta pertinente no sea si la CARICOM nos admitirá. Es por qué dos territorios que no son Estados soberanos completaron en dos años un trámite que nosotros no hemos completado en cincuenta. La respuesta no está del otro lado de la mesa.

El Caribe no es un destino al que la República Dominicana aspire a llegar. Es el lugar donde está. Falta decidir si quiere, además, tener voz en él.

El autor es presidente fundador de la Fundación Diplomacia Dominicana y autor de varias obras sobre diplomacia, protocolo y etiqueta.