La pluma es nuestra
Washington puede imponer un arancel. Nuestra firma compromete al país: exige saber qué se gana, qué se pierde y quién carga con las consecuencias.
Cada vez que escribo sobre el arroz, la objeción regresa con palabras distintas y una sola tesis: con un socio tan poderoso, y tan avasallante, no hay negociación posible. Solo queda obedecer.
La sostienen con hechos que merecen respeto. La derogación de nuestro decreto del arroz se firmó el 9 de septiembre; dos días después Washington reclamaba públicamente ese cumplimiento. El arancel sobre nuestras exportaciones sigue ejerciendo presión. ¿Qué margen puede tener un país pequeño?
En enero defendí en este espacio un pragmatismo ético: prudencia, responsabilidad por las consecuencias y apego al derecho. Esta segunda entrega lleva aquella discusión al terreno de las decisiones. La negociación con Washington exige conocer el expediente, identificar lo que la contraparte necesita y calcular cuánto cuesta aceptar, esperar o rechazar.
La asimetría es solo un dato.
Vuelvo a Hans Morgenthau y entro por otra puerta. En enero recordé su defensa de la prudencia. Ahora importa su lección sobre la calidad de la diplomacia: cómo combina los recursos de una nación, les da dirección y los convierte en poder efectivo. Nuestro margen es estrecho. La tarea consiste en conocerlo y ampliarlo.
Tenemos, ante todo, la pluma. Washington puede imponernos un arancel; derogar un decreto dominicano requiere una decisión dominicana. El Decreto 693-24 desapareció por una firma nuestra, al pie del Decreto 635-26. Las licencias agrícolas, los impuestos al etanol, la regulación para importar varillas de acero y las demás exigencias regulatorias requieren actuaciones de nuestras autoridades. Los compromisos adicionales que Washington busca necesitan nuestro consentimiento. Esa necesidad abre un espacio que debemos medir.
El propio Donald Trump lo explicó en The Art of the Deal: parecer desesperado por cerrar un negocio debilita al negociador; tener algo que la contraparte quiere le da fuerza. Quienes aconsejan aceptar cualquier condición recomiendan precisamente lo que desaconseja el manual del otro lado. Y si alguna vez somos la victoria rápida que alguien necesita exhibir, esa prisa ajena puede abrirnos espacio.
También importa la duración de lo firmado. El acuerdo guatemalteco permite a ambas partes imponer aranceles adicionales en los supuestos previstos y terminarlo con noventa días de aviso. Pero las reformas internas adoptadas para cumplirlo pueden tener efectos mucho más duraderos. La imagen del lápiz y la tinta, que usé en agosto, conserva allí su advertencia: una rebaja revocable puede obtenerse a cambio de compromisos difíciles de revertir.
Robert Putnam explicó cómo las exigencias de ratificación interna pueden fortalecer al negociador. En nuestro caso, la aprobación congresual y el control preventivo del Tribunal Constitucional ofrecen límites reales. Invocarlos exige fundamento. La pluma la sostiene el Gobierno, pero pertenece al país. Su ejercicio compromete a quienes vivirán con las consecuencias y exige explicar las decisiones.
Los textos admiten diferencias. El Salvador y Guatemala firmaron sus acuerdos comerciales con Washington con un día de distancia, en enero. Ambos exigen prohibir importaciones producidas con trabajo forzoso. El guatemalteco añade el reconocimiento de determinaciones estadounidenses sobre entidades señaladas y la prohibición presuntiva de sus bienes. Esa diferencia obliga a examinar cada cláusula; el molde no produce acuerdos idénticos.
Trinidad y Tobago ofrece otro indicio. El memorando estadounidense de julio vinculó su inclusión en la tasa del 10 por ciento con la adopción de una prohibición de esas importaciones. La República Dominicana quedó en 12.5 por ciento. Nuestro Decreto 502-26, firmado el mismo día del memorando, aún no se aplicaba en septiembre. Existe una vía que merece trabajarse, aunque adoptar una norma no garantice por sí solo una rebaja.
Francisco J. Peynado entendió hace más de un siglo cuánto importa preparar el expediente. En febrero de 1913 explicó desde Washington que quería conocer a los funcionarios entrantes y sus orientaciones. Ese año dejó otro diagnóstico: «No conocemos nuestra casa». Conocer la casa ajena y la propia. En esas tareas cabe medio manual de negociación.
En 1922 participó en el acuerdo que abrió paso a la desocupación. Hubo concesiones dolorosas, respaldo político y presión nacionalista. El Plan Hughes-Peynado permitió establecer un gobierno provisional y preparar las elecciones que precedieron a la retirada estadounidense en 1924. La salida negociada conservó cargas que sobrevivieron al retiro de las tropas. El primer plan del fuerte no fue el último. El último tampoco fue perfecto. Peynado trabajó sobre lo posible sin confundirlo con lo deseable.
¿Qué exige hoy ese realismo? Método y un propósito: proteger a quienes viven de cada renglón, cumplir lo firmado y conservar capacidad de decisión. Propongo cinco reglas.
Primera: negociar las nuevas concesiones como un conjunto. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Las piezas pendientes deberían evaluarse dentro de un paquete cuyo costo y beneficio pueda conocer el país. Cada entrega anticipada reduce lo que queda para negociar.
Segunda: separar la carpeta. Lo que debemos por compromisos vigentes se cumple; cualquier modificación de sus plazos requiere acuerdo. Lo adicional se negocia y se compara con lo que recibimos. Y los límites deben ser precisos: aceptar de antemano decisiones futuras de otro gobierno puede comprometer nuestra autonomía más allá de la cuestión comercial. La palabra empeñada también es poder.
Tercera: mejorar la alternativa. Roger Fisher y William Ury enseñaron a evaluar qué podemos hacer si no firmamos. Eso exige compradores alternativos, apoyo transitorio y capacidad para sostener la espera. Prohibir importaciones producidas con trabajo forzoso merece atención propia y una aplicación verificable. Su posible efecto arancelario cuenta, pero combatir esa explotación tiene una justificación que permanece aunque Washington mantenga la tasa.
Cuarta: construir una posición nacional con cifras. Consultar a productores, trabajadores, consumidores y empresas; llevar al Congreso los compromisos que correspondan; identificar restricciones constitucionales verdaderas. El no creíble se construye en casa. En el arroz, debemos mirar simultáneamente a quienes lo siembran, a quienes lo compran y las obligaciones asumidas.
Quinta: ampliar la mesa. Los importadores estadounidenses, las empresas de ese país presentes en nuestras zonas francas, los legisladores de distritos con población dominicana y los socios centroamericanos tienen intereses que conviene conocer y movilizar. Las voces existen. Falta un director que las vuelva coro: que convierta coincidencias concretas en gestiones sostenidas.
Esperar también cuesta. Para una empresa pequeña, cada semana importa. El comprador que cambia de proveedor no siempre regresa. La espera necesita acompañamiento a los sectores expuestos y un calendario de evaluación. Firmar apurados puede trasladar costos al futuro. La prudencia exige comparar ambos riesgos y explicar quién los soporta. El Gobierno debe mostrar qué está haciendo durante la espera, qué resultados persigue y en qué momento revisará la estrategia. La paciencia también necesita rendir cuentas.
No controlamos el desenlace. Washington conserva recursos para imponer costos. Podemos ampliar el margen y evitar errores propios: entregar antes de tiempo, decidir sin consultar, firmar sin entender. Habrá concesiones. La pregunta es cuáles, para qué y a cambio de qué.
Sobre el escritorio donde se firman los decretos hay siempre una pluma. Pesa unos gramos y no figura en ninguna estadística de poder. Su peso aparece después, en la vida de quienes quedan obligados por ella.
El 9 de septiembre una pluma dominicana derogó el decreto del arroz. El país merece conocer qué evaluación sostuvo esa decisión, cómo se preparó a los afectados y qué lugar ocupa en la negociación completa. Cada firma compromete al productor de Cotuí, a la operaria de zona franca y a la familia que compra arroz en el colmado.
Con un socio así, sí se puede negociar.
Washington tiene el arancel. La pluma es nuestra.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una embajada y en qué se diferencia de un consulado?
La embajada representa políticamente al Estado ante el gobierno del país receptor y suele estar en la capital. El consulado atiende trámites y asistencia a los nacionales —pasaportes, actas, legalizaciones— y puede abrirse en otras ciudades.
¿Qué es la inmunidad diplomática?
Es la protección jurídica que la Convención de Viena de 1961 concede a agentes diplomáticos y a los locales de la misión para que puedan ejercer sus funciones sin interferencia. No es un privilegio personal: puede ser renunciada por el Estado acreditante.
¿Qué son las cartas credenciales?
El documento firmado por el jefe del Estado acreditante que presenta a su embajador. Hasta que se entregan formalmente, el jefe de misión no asume plenamente sus funciones representativas.
