La cumbre que seguimos pagando

En septiembre de 2024, al contar cómo trabajamos para conseguir la sede de la Décima Cumbre de las Américas, expliqué el significado del Inukshuk: la figura de piedra que pasa de un anfitrión al siguiente y representa «la orientación y la unidad de nuestros pueblos hacia metas comunes». Participé en aquellas gestiones y defendí esa oportunidad. Haber creído en el proyecto obliga a examinar qué queda de él.

El próximo 3 de noviembre se cumplirá un año del anuncio que pospuso la cumbre de Punta Cana. La Cancillería invocó divergencias regionales y estragos climáticos, dijo haber consensuado la decisión con sus socios, entre ellos Estados Unidos, «impulsor original de este foro», y aseguró que los recursos invertidos servirían «para el año próximo». Marco Rubio la respaldó y ofreció trabajar por «un evento productivo en 2026».

Una postergación podía ser prudente. Su justificación dependía de lo que se hiciera después. En Anfitriones del vacío propuse fijar pronto una nueva fecha. Casi un año después, corresponde preguntar qué produjo la espera.

En febrero, el entonces canciller Roberto Álvarez resumió la situación en cuatro palabras: «Todavía no hay fecha». Según el informe del Departamento de Cumbres de la OEA (Organización de los Estados Americanos), a comienzos de marzo la presidencia comunicó que la cumbre quedaba pospuesta indefinidamente; el 18 de marzo informó al Consejo Permanente que aguardaría condiciones más propicias.

Ese mismo mes, el presidente Luis Abinader acudió a Doral, en las afueras de Miami, a la cumbre del Escudo de las Américas convocada por Donald Trump. En diciembre de 1994, también en Miami, Bill Clinton había reunido a los mandatarios de treinta y cuatro países, entre ellos Joaquín Balaguer. Allí nació la Cumbre de las Américas.

La Cancillería quería «incluir a los nuevos gobiernos democráticamente electos que surjan». Surgieron. Chile, Perú y Colombia estrenaron gobierno este año y participaron en el encuentro de quince países celebrado en Nueva York el 22 de septiembre, con Abinader presente. Los nuevos gobiernos llegaron. Se sentaron a otra mesa.

Pasamos de un año anunciado a un horizonte indeterminado. El anuncio de postergación que conserva el portal oficial , fechado el 10 de noviembre de 2025, sigue hablando de 2026. Todavía no hay fecha. La presidencia debe explicar cómo piensa salir de esa espera.

También debe revisar sus decisiones. El 30 de septiembre de 2025, al anunciar que no invitaría a Cuba, Nicaragua y Venezuela, el Gobierno sostuvo que esa decisión favorecía la mayor convocatoria y «asegura el desarrollo del foro». Treinta y cuatro días después pospuso la cumbre; según el propio presidente, unos diez u once países habían confirmado su asistencia y varios seguían pendientes. ¿Qué sustento tuvo aquella garantía?

La República Dominicana no puede reconciliar sola al hemisferio. Pero asumió la conducción del proceso, y las dificultades externas delimitan su capacidad; no eliminan su responsabilidad.

La estructura sigue trabajando y gastando. El Departamento de Cumbres tiene 472,100 dólares del Fondo Regular para 2026 y 477,100 aprobados para 2027 . Entre enero y agosto gastó unos 605,800 entre el Fondo Regular y los fondos específicos . La asignación es modesta dentro de un Fondo Regular de 92 millones ; el gasto incluye el seguimiento de compromisos anteriores y no equivale al costo de la postergación ni refleja inactividad de su personal. Pero la modestia de una cifra no la exime de propósito.

Dentro de esos gastos hay dinero dominicano. Entre enero y agosto se cargaron 243,722 dólares a la cuenta dominicana de apoyo a Cumbres, a la que el país aportó unos 3.3 millones (sí, 3.3 millones) según los estados de la OEA de 2023 , 2024 y 2025 , los dos últimos, preliminares y no auditados. Al 31 de agosto conservaba unos 1.4 millones en efectivo y obligaciones por 23,381 dólares. Corresponde explicar qué destino tienen esos recursos y qué parte podría reprogramarse o recuperarse conforme a los acuerdos. Se prometió que lo invertido serviría para el año próximo. El año próximo llegó y se está yendo.

Estados Unidos sigue aportando al proceso, pero ese respaldo todavía no ha producido una convocatoria con fecha. Con la OEA, la señal es otra. Le corresponde el 49.99 por ciento del Fondo Regular. Según el estado de cuotas , de los 46.9 millones pagados este año, 29.3 cubrieron atrasos; al 30 de septiembre quedaba una deuda de otros 29.3 millones. Para 2027 no solicitó una partida específica para la organización, aunque propuso un fondo general que, según afirma, podría financiar organismos internacionales.

La declaración conjunta de Nueva York, a la que se sumó la República Dominicana, prevé pedir al Consejo Permanente de la OEA una reunión de consulta bajo el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca). Para desempolvar un tratado de 1947, Washington se propone acudir a la misma organización para la que no pidió una partida específica en 2027. La cumbre que fundó en 1994 sigue esperando fecha.

¿Qué compromiso obtuvo el Gobierno dominicano para reactivar el foro que preside mientras participaba en el que promueve Washington? El país no debería asumir indefinidamente el costo político de custodiar una convocatoria sin fecha.

Defender el multilateralismo obliga a reconocer el valor de este espacio. Los países pequeños necesitamos lugares donde intervenir en la agenda y construir acuerdos diversos; perderlos puede agravar nuestra dependencia de encuentros organizados alrededor de una potencia. También obliga a evaluar si el formato conserva esa función. Una presidencia sin horizonte consume recursos, tiempo diplomático y credibilidad, y la cooperación sectorial puede avanzar mediante acuerdos sin esperar una fotografía presidencial.

Propongo que se abra una consulta final de treinta días para decidir si mantiene la sede y la presidencia de la Décima Cumbre. Al concluir, debería presentar una fecha respaldada por los participantes, el nivel de representación, una agenda acotada y compromisos de financiamiento. También debería publicar un balance consolidado de aportes, contratos nacionales y obligaciones pendientes, y promover entre los gobiernos una revisión del gasto y las funciones del Departamento.

Si no surge una perspectiva creíble, correspondería poner sobre la mesa el cierre ordenado del encargo dominicano como sede y presidencia. Renunciar a la sede no es clausurar el proceso ni desmontar su unidad técnica. El interés nacional admite revisar un proyecto que se defendió con convicción; la responsabilidad también consiste en reconocer cuándo insistir deja de servir al propósito original.

En 2024 escribí sobre el Inukshuk como señal de un camino que queríamos recorrer juntos. Casi un año después de la primera postergación, merecemos saber si ese camino sigue abierto.

Si nadie puede señalarlo, quizá haya llegado el momento de devolver el Inukshuk.