La cárcel que siempre llama

Quince años, cinco gobiernos y cuatro países detrás de una tecnología que nunca funcionó: crónica de la búsqueda dominicana para silenciar los teléfonos en las cárceles. 2011–2026

“Las fronteras físicas que creíamos nos protegían no lo hacen más.” Martin Horn, ex comisionado del Departamento de Corrección de Nueva York

“Las fronteras físicas que creíamos nos protegían no lo hacen más.” Martin Horn, ex comisionado del Departamento de Corrección de Nueva York

I. La pregunta que viajaba con nosotros

El problema cabe en una frase: los reclusos tienen teléfonos. Desde detrás de los muros coordinan extorsiones, dirigen operaciones de narcotráfico, ordenan asesinatos, estafan ciudadanos con llamadas fraudulentas. El teléfono entra escondido en un libro, insertado en una cavidad corporal, lanzado con ballesta sobre el muro, transportado por un dron, atado al lomo de un gato callejero, o simplemente entregado por un guardia mal pagado a cambio de unos billetes.

La respuesta que se conocía era sencilla: bloquear la señal. Instalar inhibidores que supriman toda comunicación celular dentro del recinto. Pero esa solución actuaba como una maza ciega: aplastaba toda señal en un perímetro determinado, afectando por igual a reclusos, guardias y vecinos inocentes que vivían al otro lado del muro. En Puerto Rico, una orden judicial obligó a desmontar esos equipos por el daño colateral. El remedio había resultado peor que la enfermedad.

Necesitábamos algo diferente. Ya en 2011, un decreto presidencial dominicano había declarado de emergencia nacional la adquisición de bloqueadores para las cárceles. No se instaló nada. Y para encontrar lo que ese decreto no pudo entregar, entre 2015 y 2017, una serie de delegaciones recorrimos Honduras, Puerto Rico, Colombia y Trinidad y Tobago.

Lo que encontramos al final no fue lo que esperábamos al partir.

II. Tegucigalpa: fuimos a enseñar, volvimos aprendiendo

El primer viaje no fue sobre cárceles. Fue sobre emergencias. En marzo de 2015, una delegación del gobierno dominicano viajó a Tegucigalpa para asesorar al gobierno de Honduras en la implementación de su Sistema 9‑1‑1. Yo participaba como asesor de la cancillería para el Ministerio de la Presidencia. Nuestro equipo cubrió el marco legal, la operación, la gestión de calidad y la plataforma tecnológica.

Pero fue Honduras quien cambió nuestra agenda. En medio de las sesiones de trabajo, el gobierno hondureño presentó algo que no estaba en nuestro programa: su proyecto para bloquear señales telefónicas en las cárceles. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) explicó en detalle su estrategia: celdas falsas y bloqueadores de señales, instalados por las propias operadoras de telefonía móvil. Los hondureños enfrentaban el mismo problema que nosotros. Habían identificado que en múltiples cárceles los reclusos tenían acceso indiscriminado a equipos de telecomunicaciones para coordinar crímenes.

Pedimos las especificaciones técnicas de los equipos. Honduras se comprometió a enviarlas.

Regresamos a Santo Domingo con una certeza nueva: la República Dominicana no era la única isla del Caribe luchando contra un teléfono que atraviesa muros más fácil que la justicia. La cooperación técnica sur–sur, cuando es genuina, funciona como un espejo. Fuimos a enseñar. Volvimos aprendiendo.

III. Puerto Rico: el día que la tecnología apagó a los vecinos inocentes

Un año después, en marzo de 2016, viajamos a Puerto Rico. La delegación la integrábamos quien suscribe como embajador en misión especial, dos oficiales de la Policía Nacional y el director de tecnología del Sistema 9‑1‑1.

ShotSpotter: la ciudad que escucha sus disparos

En la sede de la Policía boricua nos presentaron ShotSpotter, un sistema de monitoreo acústico que funciona como un oído gigante desplegado sobre la ciudad. Decenas de micrófonos repartidos por milla cuadrada captan el sonido de un disparo, lo triangulaban en treinta segundos, identifican el calibre del arma, localizan con GPS el punto exacto y alertan automáticamente a las patrullas cercanas. El sistema costaba más de un millón de dólares en instalación y casi setecientos mil anuales en mantenimiento. Una tecnología que escuchaba lo que la ciudad callaba, pero que sólo los presupuestos más holgados podían pagar. Y es que la mayoría de estos sistemas, aparte del costo de instalación, la licencia anual de software es lo que los hace incosteables para nosotros.

CellSense: lo que sí funcionaba

Pero la ventana que más nos importó fue la del centro de correcciones. Allí nos dijeron lo que no queríamos oír. Los equipos de bloqueo de señales en las cárceles de Puerto Rico habían sido descontinuados por orden de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). La razón era la más elemental: violaban los derechos de los vecinos. Los bloqueadores (jammers) no distinguen entre el teléfono de un recluso y el de una madre que intenta llamar al pediatra desde su casa al otro lado del muro. Decisiones judiciales y la normativa de la FCC habían sellado su destino.

Lo que sí quedaba era algo más modesto pero real: el CellSense. Un detector portátil del tamaño de un bastón que genera un campo magnético controlado y detecta la perturbación causada por los componentes ferrosos de un teléfono celular: baterías, placas de circuito, conectores metálicos. A diferencia de un detector de metales común, el CellSense distingue entre el botón de un pantalón y el circuito de un smartphone. Costo: diez mil dólares por unidad. Los funcionarios nos dijeron que había dado resultados excelentes. También habían implementado perros adiestrados para rastrear baterías de litio, el olor químico que delata a un teléfono escondido.

El bloqueo había fracasado. La detección funcionaba.

El bloqueo había fracasado. La detección funcionaba.

Nos presentaron también SENTRI, un sistema de balística acústica similar a ShotSpotter pero con una ventaja: toda la analítica se procesaba localmente, sin necesidad de servidores en el extranjero.

Volamos de regreso con una primera convicción que se iría solidificando con cada viaje: el bloqueo convencional era un callejón sin salida, y las herramientas de detección directa, aunque modestas, eran las que sacaban teléfonos de las manos equivocadas.

IV. Bogotá: las antenas que apuntaban hacia la cárcel

En mayo de 2017 la búsqueda llegó a Colombia. Visitamos el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en Bogotá y conocimos la solución de F.G.T.: una empresa que no solo bloqueaba la señal en las cárceles sino que instalaba una red telefónica interna para los internos. Cada recluso recibía un código personal. Cada llamada quedaba registrada: origen, destino, duración. La lógica sonaba elegante: si le das al recluso un canal de comunicación controlado, pierde el incentivo de buscar uno clandestino.

Vimos los equipos instalados: la estación base, los bloqueadores, la plataforma de monitoreo de frecuencias con su analizador de espectro. El equipo técnico de F.G.T. nos explicó la red de redundancia de cuatro capas, los servidores certificados, los sistemas de alerta en tiempo real.

Pero lo que vimos con nuestros propios ojos fuera de la cárcel contaba otra historia.

Desde el exterior del recinto penitenciario, mirando hacia las casas que flanqueaban el muro, pudimos observar las antenas de wifi en los techos de las viviendas aledañas. No eran antenas domésticas colocadas al azar. Estaban orientadas con precisión deliberada hacia los pabellones. La población vecina había encontrado un negocio: vender conectividad wifi a los internos, atravesando los muros no con cables sino con ondas de radio que ningún bloqueador de celular podía interceptar, porque operaban en frecuencias distintas. El bloqueo cubría GSM y datos móviles. El wifi era otro universo. Y los vecinos lo sabían.

Los propios funcionarios del INPEC, con una franqueza que agradecimos, nos confesaron algo que matizaba profundamente el discurso del caso de éxito: existían zonas oscuras dentro de los recintos. Áreas donde los bloqueadores no llegaban, por la geometría del edificio, por la interferencia del concreto armado, o simplemente porque no había suficientes equipos. En esas zonas oscuras, el teléfono clandestino funcionaba sin impedimento.

El negocio detrás del bloqueo

Y debajo de todo eso estaba el esquema económico. El Estado colombiano no pagaba por la instalación ni el mantenimiento del sistema: era “gratis”. El arreglo era otro: la empresa bloqueaba toda señal de las operadoras comerciales y a cambio obtenía el derecho exclusivo de cobrar las llamadas de los internos a tarifas que no estaban sujetas a regulación. Un monopolio perfecto: la empresa suprimía la competencia, literalmente, y monetizaba el silencio resultante.

Conocimos casos de internos que tenían cuentas abiertas en el sistema de telecomunicaciones de la cárcel con depósitos de decenas de miles de dólares. No eran personas acaudaladas antes de entrar al penal. Eran nodos de operaciones criminales que usaban las llamadas “controladas” como un canal más de coordinación, pagando las tarifas infladas con dinero de procedencia ilícita. El sistema de seguridad servía, simultáneamente, como infraestructura de comunicación para el crimen organizado. Siempre y cuando pagara la tarifa.

El último día pregunté por el esquema legal usado por el gobierno para contratar a la empresa. La respuesta me inquietó, el lenguaje no verbal de los representantes cambió. Mi pregunta les inquietó. Luego supe los vínculos primarios que habían conseguido semejante negocio.

Colombia nos enseñó la advertencia más importante de toda la búsqueda: no basta con preguntarse si una tecnología funciona. Hay que preguntarse para quién funciona, quién paga, y qué incentivos perversos crea.

V. Trinidad y Tobago: el portero falso y sus llaves prestadas

El viaje decisivo llegó en agosto de 2017. Viajamos a Puerto España, Trinidad y Tobago para conocer CellGuard, una tecnología israelí de V. S. que prometía lo que ningún jammer podía: bloqueo selectivo. La delegación éramos tres: yo en representación de la Presidencia y la cancillería, un oficial de la Policía Nacional y un representante de la Procuraduría General. Tres personas, cuatro instituciones.

Cómo funciona el portero falso

CellGuard no era un jammer. Era, en esencia, un portero falso. El sistema emulaba la señal de las operadoras reales, engañando a todos los teléfonos del área para que se conectaran a su red ficticia. Una vez que el teléfono caía en la trampa, el sistema lo identificaba. Si estaba en la lista de autorizados, lo dejaba pasar a la red real. Si no, lo bloqueaba. Selectivamente. Sin afectar a los vecinos.

CellGuard ofrecía más que bloqueo: podía localizar con precisión desde qué punto exacto de la cárcel se realizaba una llamada, interceptar comunicaciones, recopilar contactos, fotos, videos y mensajes de texto, e incluso activar una “llamada silenciosa” para escuchar en tiempo real. Todo administrado desde un centro de comando capaz de gestionar múltiples cárceles de forma remota.

Dentro de la cárcel de máxima seguridad

El Proyecto Toledo, nombre operativo de la implementación en Trinidad, abarcaba tres cárceles conectadas a un cuartel general. Visitamos la cárcel de máxima seguridad. El espacio era reducido, compacto, los pabellones apretados unos contra otros, los patios interiores visibles desde los techos. Vimos los gabinetes de equipos tras sus cercas metálicas, las antenas sobre postes de acero pintados de rojo, los cables de fibra óptica recorriendo trincheras enterradas. En el centro de comando, los dashboards mostraban en tiempo real las fronteras virtuales sobre el mapa satélital, la lista de teléfonos no autorizados actualizándose, los registros de llamadas con destinos y duraciones.

Todo parecía funcionar.

Y entonces escuchamos lo que de verdad necesitábamos oír.

El año en que los teléfonos LG hablaron sin permiso

Las autoridades carcelarias de Trinidad hablaron con una franqueza que agradecimos. Una de las operadoras de servicio había cambiado de tecnología, y ese cambio había abierto una brecha. Los teléfonos de una marca específica, que usaban esa nueva configuración, pasaban a través del sistema de bloqueo como agua entre los dedos. CellGuard no los reconocía como amenaza. No los bloqueaba. No los interceptaba. Los reclusos lo descubrieron rápido. Durante más de un año, cualquier interno con un teléfono de esos podía llamar libremente. El gobierno de Trinidad no tenía los fondos para la actualización que cerraría esa brecha. Más de doce meses. Un agujero del tamaño de una marca de celulares en un sistema que costó millones.

Las llaves del portero: la corrupción de las listas blancas

Pero había algo más profundo que la brecha tecnológica. El sistema de listas blancas, ese mecanismo que permitía al portero falso distinguir entre teléfonos autorizados y no autorizados, dependía de intervención humana. Alguien tenía que registrar los números. Alguien tenía que mantener las listas actualizadas. Alguien tenía acceso al sistema que decidía qué teléfono pasaba y cuál no.

Y donde hay intervención humana discrecional sobre un recurso valioso en un entorno penitenciario, hay un vector de corrupción. La lista blanca se convierte en moneda de cambio. El guardia que agrega un número. El oficial que mira hacia otro lado. El técnico que omite una alerta. No es un defecto del software. Es un rasgo del sistema que ningún software puede corregir.

Aún con CellGuard instalado, seguían encontrando celulares dentro de las cárceles. La cantidad había disminuido, pero el propio proveedor, no garantizaba el cien por ciento del bloqueo. La tecnología selectiva era considerablemente más costosa que los jammers, estaba sujeta a la misma obsolescencia acelerada frente a los cambios de las operadoras, y dependía de capas humanas vulnerables a la corrupción.

VI. La apuesta: prevenir y detectar

Cuatro países. Tres años. Múltiples tecnologías evaluadas. Al cabo de esa búsqueda, lo que encontramos no fue la solución que íbamos buscando. Fue algo más honesto: la evidencia de que la pregunta estaba mal formulada.

La pregunta con la que partimos era: ¿qué tecnología debemos comprar para bloquear? La pregunta con la que regresamos fue: ¿dónde se encuentra la mejor inversión?

La diferencia no es semántica. Es estratégica.

Cada tecnología de bloqueo que evaluamos, sin excepción, generaba un problema nuevo. Los jammers de Puerto Rico fueron desmantelados por la justicia tras apagar los teléfonos de los vecinos. El modelo colombiano creaba un monopolio donde la empresa bloqueaba la competencia, cobraba tarifas abusivas a los internos, y miraba desde los techos aledaños cómo las antenas wifi de los vecinos hacían su propio negocio sobre las zonas oscuras que el bloqueo no cubría. El CellGuard de Trinidad funcionaba como un portero inteligente, hasta que un cambio de tecnología de la operadora lo dejó ciego durante un año, y las listas blancas que lo sostenían se convertían en la moneda de cambio más valiosa de la prisión.

La batalla que el Estado siempre pierde

Hay una dimensión del problema que los catálogos de productos nunca muestran: el costo de mantener operando un sistema de bloqueo una vez instalado. Los equipos transmiten a alta potencia las veinticuatro horas del día, todos los días del año. El consumo eléctrico es considerable, y se multiplica por cada gabinete, cada cárcel, cada día.

Pero lo peor es la competencia de potencia. Las operadoras de telecomunicaciones mejoran constantemente su cobertura: instalan nuevas torres, incrementan la potencia de sus transmisores, redirigen señales. Cada mejora de la red comercial debilita, simultáneamente, el sistema de bloqueo. El inhibidor debe entonces recalibrarse, subir su propia potencia, reposicionar antenas. Es una carrera asimétrica: la operadora invierte por razones comerciales, con presupuesto de mercado; el Estado debe contrarrestarla con presupuesto de gobierno. Es una batalla que no se puede ganar sin sanciones efectivas a las operadoras mediante un monitoreo constante del espectro radioeléctrico, lo que significa más costos, más personal, más complejidad. El Decreto 564‑11 ya lo anticipaba al instruir al INDOTEL a requerir colaboración de las prestadoras para minimizar sus señales en los presidios. Esa colaboración nunca se materializó. No se trata solo de colaborar, se trata de régimen de consecuencias, y aquí con la ley de 1998, sumado a la puerta giratoria del sector, sabemos, ¿verdad?

Y después está la infraestructura física. Lo que vimos en Trinidad: torres, antenas con armaduras de policarbonato, anillos de fibra óptica, cables protegidos por caños de acero, gabinetes climatizados y antivandalismo, cercas metálicas, sistemas de respaldo de energía. Cada componente es un punto susceptible de sabotaje. Y los internos que dependen de esos teléfonos para sus operaciones tienen un incentivo poderoso para cortar el cable correcto. O peor, los guardias saben exactamente dónde está todo, un soborno es suficiente para inhabilitar.

Son demasiadas piezas que pueden fallar. Y en el ambiente hostil de un centro penitenciario, muchas de ellas fallarán.

Que el teléfono no entre

El primer y más eficaz punto de intervención es el perímetro. Evitar que los equipos ingresen es más barato, más simple y más sostenible que cualquier sistema de bloqueo. Esto implica escaneado corporal avanzado, revisión rigurosa de encomiendas, vigilancia contra lanzamientos externos y drones, y sobre todo, mejorar las condiciones salariales del personal penitenciario. Un guardia mal pagado es un puerto de entrada más eficiente que cualquier ballesta artesanal lanzando paquetes sobre el muro. No hay que reinventar la rueda.

Que el teléfono no sobreviva

Una vez que el dispositivo ingresa, porque ningún perímetro es perfecto, la respuesta no es una fortaleza electromagnética multimillonaria. Es ejecutar esquemas aleatorios de barrido y detección rápida. Lo vimos funcionar en Puerto Rico: el CellSense, capaz de distinguir entre un botón y un circuito, a diez mil dólares la unidad. Los perros rastreadores de baterías de litio. Lo que hace efectivas a estas herramientas no es su sofisticación sino la aleatoriedad de su despliegue: si el recluso no sabe cuándo vendrá el barrido, el riesgo de poseer un teléfono aumenta exponencialmente.

La disuasión no requiere omnipresencia. Requiere incertidumbre.

Detectores manuales de radiofrecuencia, unidades caninas, operativos sorpresa con scanners portátiles, cámaras térmicas para monitoreo nocturno, detectores ferromagnéticos: todas estas herramientas, combinadas en protocolos impredecibles, ofrecen un retorno de inversión superior al de cualquier sistema de bloqueo. No porque sean perfectas, sino porque son sostenibles, escalables, no generan daño colateral, no crean monopolios de proveedores, y no introducen vectores de corrupción.

Un detector de metales no se vuelve obsoleto cuando la operadora cambia de frecuencia. Un perro rastreador no necesita actualización de firmware. Un operativo sorpresa de barrido funciona igual con un teléfono de primera generación que con el último smartphone. Algo similar se hace desde aquel fatídico 2001 donde unas cuantas navajas cambiaron el destino de la seguridad aeroportuaria.

VII. Quince años, cinco gobiernos, el mismo tropiezo

Si esta crónica fuera solo la historia de cuatro viajes, sería interesante pero incompleta. Lo que la convierte en urgente es que República Dominicana lleva quince años repitiendo el mismo ciclo: decreto, resolución, anuncio, silencio.

En 2011 , se firmó un decreto presidencial declarando de emergencia la adquisición de bloqueadores. El INDOTEL aprobó la resolución, designó la comisión evaluadora, calificó el proyecto como especial.

No se instaló nada.

En 2014 , bajo otra administración, el procurador general instaló bloqueadores en la cárcel del 15 de Azua. Anunció que se extenderían a otros centros.

Los equipos dejaron de funcionar.

En 2015 , la Cámara de Diputados estudió un proyecto de ley para bloquear señales en cárceles. INDOTEL y PGR comparecieron.

El proyecto no prosperó.

En 2019 , el procurador general entregó un anteproyecto de ley al presidente de la Cámara de Diputados.

El anteproyecto no prosperó.

En julio de 2021 , el Listín Diario publicó un reportaje cuyo título merece ser transcrito porque contiene, en una sola línea, toda la tesis de esta crónica: “Bloquear las señales en las cárceles: mil intentos de un plan que nunca funcionó.”

En 2024 , el presidente del INDOTEL, visitó El Pinito en La Vega. El Consejo Directivo aprobó trescientos millones de pesos (RD$300,000,000.00) para la PGR. Seleccionaron cuatro cárceles, incluyendo, otra vez, el 15 de Azua. La misma cárcel donde se había instalado bloqueadores diez años antes. Los mismos muros. La misma geografía electromagnética. 300 millones. 300!!

Nadie parecía recordarlo. O quizás sí.

En enero de 2025 , la procuradora general y el presidente del INDOTEL firmaron el acuerdo. INDOTEL ponía los chelitos. La PGR ejecutaría. INDOTEL se limpiaba las manos. La PGR cargaba con el riesgo. Et voilá.

En septiembre de 2025 , INDOTEL anunció cinco cárceles bloqueadas. No dio los nombres. Un mes después, el periódico Hoy titulaba: el bloqueo había quedado en promesas.

Ahora en marzo de 2026 , una columna de El Nuevo Diario lo declaró sin rodeos: el plan había fracasado. Desde los centros penitenciarios se seguían coordinando asaltos y crímenes.

La pregunta de ese columnista era: ¿por qué se excluyeron La Victoria y Najayo? La respuesta la habíamos visto con nuestros propios ojos en Puerto Rico, en Bogotá, en Trinidad. Las comunidades adyacentes. Las antenas wifi apuntando hacia los pabellones. Los aparatos de una marca específica que pasaban un año sin ser bloqueados. Las listas blancas como moneda de cambio. Los internos con cuentas de decenas de miles de dólares. Los sabotajes a la red eléctrica, al cableado, etc. La historia se repetía, con acento dominicano.

Lo que le toca al Ministerio de Justicia

El mapa institucional ha cambiado. El sistema penitenciario ha pasado de la PGR al recién creado Ministerio de Justicia. Será este ministerio quien decida qué hacer con los fondos restantes.

Lo que correspondería, en un escenario de sensatez, es devolver el dinero a INDOTEL. O invertirlo en lo que sí funciona: prevención perimetral, escaneado corporal, unidades caninas, detectores ferromagnéticos, protocolos aleatorios de barrido, y sobre todo, condiciones salariales dignas para el personal penitenciario. Esas inversiones funcionan en Las Parras. Funcionan en Najayo. Funcionan en El Pinito. Funcionan en cualquier cárcel, sin importar si tiene vecinos a veinte metros o a veinte kilómetros. Y funcionan mañana igual que hoy, porque no dependen de la próxima actualización de firmware de una operadora o del cambio de 3G a LTE, a 5G o al 6G.

Los trescientos millones de pesos no deben terminar en equipos que en tres años quedarán obsoletos, que desde el primer día excluirán a las cárceles donde más se necesitan, y que dependerán de listas blancas custodiadas por funcionarios susceptibles a la presión y a la tentación. Deben invertirse en capacidades que no caducan: la capacidad de prevenir, la capacidad de detectar, la capacidad de disuadir.

Cuatro países nos lo enseñaron. Quince años y cinco gobiernos lo han confirmado. La verdadera barrera no es electromagnética ni digital. Es la que se levanta con prevención, con detección oportuna, con gestión honesta y con la convicción de que lo simple y sostenible supera siempre a lo sofisticado y frágil.

Esa fue la lección. Esa es la apuesta. Ojalá haya sensatez.

Esa fue la lección. Esa es la apuesta. Ojalá haya sensatez.

PD: De nada!