Después del récord: el turismo dominicano debe aprender a durar

La República Dominicana no deja de romper récords. Cerró 2025 con 11.6 millones de visitantes, más que su propia población, y el primer semestre de 2026 marcó otro máximo histórico con 6.6 millones, un ritmo que la encamina a cerrar el año en torno a los 12 millones. El dato merece reconocimiento, porque detrás hay décadas de inversión, conectividad aérea, empleo y una capacidad de recuperación que pocos destinos mostraron tras la pandemia. El turismo aporta cerca del 15% del Producto Interno Bruto y sostiene, entre empleos directos e indirectos, más de un millón de familias. No es una actividad secundaria: es una columna de la economía. Precisamente por eso toca una pregunta incómoda. ¿Basta con contar cuántos llegan?

La respuesta es no. Las llegadas miden movimiento, no progreso. No dicen cuánto valor permanece en las comunidades, cuánta agua consume cada habitación, qué proporción de las aguas residuales se trata, qué ocurre con los arrecifes ni cuánto retrocede una playa. Los récords miran el retrovisor. La sostenibilidad obliga a mirar el camino.

Una empresa no sería exitosa si subiera sus ventas mientras gasta su maquinaria sin reponerla. En el turismo, esa maquinaria incluye aeropuertos y carreteras, pero también playas, arrecifes, manglares y acuíferos, activos que casi no aparecen en la contabilidad pública aunque de ellos dependan nuestros ingresos.

El capital que no aparece en el balance

El arrecife no es una decoración submarina. Es una barrera que rompe el oleaje, conserva la arena y protege propiedades costeras, y en el Caribe genera más de seis mil millones de dólares al año, casi una cuarta parte del gasto turístico de la región. Un monitoreo reciente encontró que el 70% de los arrecifes dominicanos tiene menos de un 5% de cobertura de coral vivo. La cifra debería inquietarnos tanto como el deterioro de un puerto o una planta eléctrica, porque un arrecife sano también es infraestructura. La diferencia es que una carretera se repara en meses, y un ecosistema puede tardar décadas, si acaso vuelve.

Con el sargazo pasa algo parecido, y ya tiene precio. En mayo de 2025 el Caribe y el Atlántico cercano registraron 38 millones de toneladas, el mayor volumen desde que empezó el seguimiento en 2011. Limpiarlo le cuesta a un solo hotel mediano cerca de 50 mil dólares al mes, la factura caribeña rozó los 210 millones en un año, y en las peores llegadas el turismo cae entre 7% y 35%. No hay máquina milagrosa: antes de convertir el alga en combustible o fertilizante hay que ubicarla, contenerla, recogerla sin destruir la playa y analizar sus metales. La buena noticia es que no partimos de cero. ANAMAR ya alimenta alertas satelitales para hoteles y municipios. Lo que falta no es conciencia, es coordinación: pronóstico, protocolos, equipos disponibles antes de cada temporada y financiamiento previsible. Un destino que espera a que la costa se cubra de algas para contratar retroexcavadoras siempre llegará tarde.

El desafío bajo nuestros pies, y quién debe pagarlo

El mayor reto no está en el mar, sino debajo de nuestros pies. La construcción de habitaciones y comercios avanza más rápido que el alcantarillado, el drenaje y el agua. Nuestra costa oriental descansa sobre roca kárstica, un suelo poroso como queso suizo donde casi toda el agua dulce vive en acuíferos subterráneos fáciles de contaminar. En junio de 2026, el Senado aprobó un préstamo de 400 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo para un programa de saneamiento y reúso de aguas en Punta Cana y Bávaro.

Y aquí conviene una pregunta honesta, porque muchos la hacen con razón. ¿Por qué debe el contribuyente dominicano asumir, mediante deuda soberana, el costo de una infraestructura que hace posible, sobre todo, la ganancia privada de hoteles y desarrollos inmobiliarios? La respuesta seria no es negar la inversión pública, porque el agua y el saneamiento también sirven a los barrios y no solo a las verjas. La respuesta es fijar un principio: quien lucra y quien contamina deben contribuir. La inversión pública puede ser el catalizador, nunca un subsidio permanente. Tarifas de conexión, reúso obligatorio del agua para riego y jardinería, y aportes atados a cada nuevo permiso, para que el préstamo de todos no termine pagando la externalidad de unos pocos.

Tres cambios

El primero es de medición. Junto al reporte mensual de llegadas, el país debería publicar un tablero de permanencia: gasto por visitante, duración de la estadía, empleo formal, compras a productores nacionales, aguas residuales tratadas, agua consumida por noche, salud de los arrecifes y opinión de los residentes. Un tablero que registre no solo cuánto produce la economía, sino qué activos naturales gana o pierde mientras produce. Lo que no se mide con regularidad queda subordinado a lo que sí se anuncia.

El segundo es de permisos. Ningún gran proyecto debería aprobarse sin una certificación de capacidad territorial que demuestre, con datos públicos, que hay agua, saneamiento, movilidad y protección costera suficientes para la demanda acumulada, y no solo para ese proyecto aislado. Eso significa capacidad de carga: reconocer que cada playa, cada acuífero y cada carretera tiene límites. No es cerrar la puerta a la inversión, es ordenarla para que no destruya su propia rentabilidad futura.

El tercero es financiero. Proteger playas, arrecifes y fuentes de agua cuesta dinero, y ese costo no debe recaer solo en el contribuyente ni depender de donaciones ocasionales. El país podría crear una contribución de conservación pagada por el visitante internacional, pequeña frente al costo de un viaje y destinada por ley a proyectos verificables, blindada del uso político, con auditoría abierta y un mapa público de cada obra. Nueva Zelanda casi triplicó en 2024 su gravamen a los turistas, y la reacción crítica del sector recuerda que todo cobro debe calibrarse con prudencia. También hay instrumentos que un vecino ya probó: Barbados hizo el primer canje de deuda por resiliencia climática del mundo y liberó cerca de 125 millones de dólares para modernizar su saneamiento y sus aguas residuales, y un bono azul dominicano podría financiar protección costera y respuesta al sargazo. Y así como se asegura un puente, podría asegurarse el arrecife: en Quintana Roo, un seguro paramétrico liberó fondos tras el huracán Delta y restauró corales en días.

Nada de esto es fácil, y sería deshonesto fingir lo contrario. Cobrar tiene costo político. Un gravamen mal explicado puede espantar visitantes, como muestra la propia reacción neozelandesa. Ordenar los permisos incomoda a intereses poderosos. Y siempre existe la tentación de abaratar el presente aunque encarezca el futuro. Pero el mayor riesgo no es cobrar de más, es consumir el activo que sostiene el negocio.

El país sabe atraer visitantes, levantar hoteles y proyectar una marca poderosa. La tarea de los próximos veinte años es más difícil: conservar el valor del destino mientras amplía sus beneficios. El verdadero éxito de 2045 no se medirá por otra cifra redonda, sino por playas que no hayan desaparecido, agua segura, arrecifes con vida, ciudades habitables, trabajadores con mejores ingresos y comunidades que no se sientan extranjeras en su propio hogar.

Celebrar los récords es legítimo. Confundirlos con una garantía de futuro sería un error.

La República Dominicana no debe escoger entre turismo y protección, entre inversión y comunidad, entre crecimiento y prudencia. Debe comprender que unos dependen de los otros. La próxima gran hazaña dominicana no será recibir más gente. Será aprender a durar.