Comprar la voz o ganar el eco

Antes de juzgar cómo habla un país en Washington, conviene entender las reglas del juego. En Estados Unidos, influir sobre el poder es una actividad legal, regulada y, sobre todo, registrada. Quien quiera mover una decisión, abrir una puerta o alterar una coma en un proyecto de ley debe inscribirse y rendir cuentas. El sistema descansa en dos leyes que conviene no confundir.

La primera es la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (Foreign Agents Registration Act, FARA), aprobada en 1938 para hacer visible la propaganda y la influencia de potencias extranjeras en vísperas de la guerra. Obliga a declararse a quien actúa en Estados Unidos por cuenta de un gobierno, un partido o un interés extranjero. Es, sobre todo, el carril por el que suelen transitar los Estados y sus gobiernos. Exige identificar al cliente, describir el mandato, informar honorarios e incluso archivar materiales de prensa y comunicación que se distribuyan. En teoría, es el régimen más transparente de los dos.

La segunda es la Ley de Divulgación del Cabildeo (Lobbying Disclosure Act, LDA), de 1995, que regula el cabildeo doméstico ante el Congreso y la rama ejecutiva. Por esa vía suelen inscribirse empresas, gremios e industrias que defienden intereses propios. Exige reportes trimestrales y ofrece menos detalle que el régimen aplicable a agentes extranjeros. Una empresa privada de un país amigo puede mover sus asuntos por esta vía más liviana, y esa frontera porosa explica una parte importante de lo que se ve y de lo que no se ve.

Dos advertencias completan el mapa. La transparencia de estos registros es un piso, no un techo: en 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (Department of Justice, DOJ) redujo el énfasis penal bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (Foreign Agents Registration Act, FARA), y eso debilitó el incentivo a declarar. Además, no todo lo que allí aparece es presión legislativa en sentido estricto. Mucho es manejo reputacional, relaciones públicas o asesoría estratégica, rubros que la ley agrupa, pero que no son lo mismo. Con ese mapa delante, ya se puede escuchar cómo suena la República Dominicana.

Washington no escucha a los países pequeños. Los oye, que no es lo mismo. Los oye como un rumor de fondo: voces que piden audiencia, una reunión, una llamada devuelta, un párrafo amable en un proyecto de ley. Dentro de ese rumor, la República Dominicana parece que suena más fuerte que casi cualquier vecino. Tiene contratos en la presidencia, en el turismo, en la seguridad e inteligencia, en el comercio y en el azúcar. Tiene firmas con entrada a la Casa Blanca y al Congreso. Tiene, en los registros públicos de Estados Unidos, una red influencia diversas comparado con Centroamérica y el Caribe, después de Panamá.

Pero cuando uno se acerca a ese rumor aparece lo incómodo: hay muchas voces, pero no hay coro. Hay piezas sueltas, no partitura común. Hay acceso, pero no una dirección visible que ordene el conjunto.

Conviene empezar por lo que sí hemos hecho bien, porque no es poco. El gobierno dominicano ha mantenido presencia sostenida en Washington. Primero con Ballard Partners, la firma del operador con línea directa al primer entorno de Donald Trump, que todavía en 2020 cobraba más de cien mil dólares al mes. Después, con Vision Americas, de Roger Noriega, por más de cien mil dólares mensuales y con acceso al Consejo de Seguridad Nacional, al Departamento de Estado y al Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Más tarde llegó Dentons Global Advisors para trabajar reputación y derechos humanos. Y en 2025 el país abrió, además, dos frentes especializados con Continental Strategy: uno para el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y otro, en nombre de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), para defender comercio, aranceles y relocalización productiva ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (United States Trade Representative, USTR), el Departamento del Tesoro y el Congreso.

A eso se suma el turismo, con uno de los retenedores más altos de la región: ciento cincuenta mil dólares mensuales a Teneo desde la oficina del Ministerio de Turismo en Nueva York, en un país que viene de encadenar cifras récord de visitantes y que aspira a llegar a catorce millones en 2028. Puestas juntas, esas piezas dibujan una capacidad real. No dependemos de un solo expediente. Tenemos frente presidencial, frente comercial, frente de seguridad, frente reputacional y frente empresarial. En un vecindario donde muchos no consiguen articular ni una de esas líneas, tener cinco es una fortaleza que merece ser reconocida.

La debilidad aparece, precisamente, en el reverso de esa virtud. Cinco frentes que no conversan entre sí no son una estrategia: son cinco monólogos. La República Dominicana se presenta en Washington con mensajes superpuestos (la presidencia por un lado, el comercio por otro, la inteligencia por otro, el azúcar y las zonas francas por su cuenta), sin una contabilidad pública integrada ni una narrativa que los ordene. Diversidad sin coordinación no es poder. Es ruido.

Hay una segunda fragilidad, más delicada. Una parte demasiado grande de nuestro acceso descansa en un mismo ecosistema partidista. Ballard, Vision Americas, Continental Strategy: nombres distintos, una gravitación parecida, cercana al universo republicano y, en varios casos, al trumpismo y funcionarios como el Secretario de Estado Rubio. Esa apuesta abre puertas y da velocidad. También vuelve al país más vulnerable a los cambios de ciclo. Cuando la influencia depende demasiado de un solo color político, la política exterior tercerizada gana intensidad, pero pierde amplitud. Basta con que cambie el viento en Washington, y allí cambia rápido, para que una puerta que parecía abierta se cierre de golpe.

La tercera debilidad es la incoherencia, y es la que más caro puede costar. Mientras el Estado promueve afuera una imagen de socio limpio, confiable y atractivo para la relocalización de inversiones, el sector azucarero gastó cientos de miles de dólares en Washington durante varios años para revertir una orden de retención de importaciones dictada por sospechas de trabajo forzoso (algo que otros países lograron en meses). Son dos relatos que chocan en la misma ciudad, a veces ante las mismas oficinas. La distancia entre lo que un país proclama y lo que algunos de sus actores necesitan defender erosiona credibilidad. Y la credibilidad, para una nación pequeña, no es un lujo literario: es su escudo.

Mirar a los vecinos ayuda a ubicarnos. Panamá montó en 2025 la operación más cara y más reactiva de la región: al menos diez millones y medio de dólares en un solo año para defender el Canal frente a la presión de Washington. Le sirvió como operación de contención, pero fue costosa y nació de la urgencia. El Salvador eligió el camino opuesto: un solo corredor, el de Damián Merlo, por sesenta y cinco mil dólares mensuales, con penetración profunda en el entorno de Donald Trump. Le produjo acceso visible, una visita al Despacho Oval y un acuerdo concreto alrededor de deportaciones y seguridad. El mensaje fue coherente, sí, pero también hiperpersonalizado y atado a una afinidad ideológica que puede evaporarse con la misma rapidez con que llegó.

El caso más instructivo es el que casi no aparece en los registros: Costa Rica. Hasta donde muestran los expedientes revisados, San José no recurrió a contratos comparables de cabildeo de alto perfil. Influyó de otra manera. Alineó decisiones sensibles con prioridades estratégicas de Washington, excluyó a empresas chinas de su red de quinta generación móvil mediante decreto y recibió, a cambio, respaldo político y financiamiento para ciberseguridad. Construyó influencia a partir de instituciones de promoción serias, de su política comercial y de una apuesta consistente por semiconductores y dispositivos médicos. Costa Rica aparece poco en las listas de agentes extranjeros precisamente porque ha intentado ganar eco con políticas, no solo comprar voz con retenedores. Esa es la lección regional que más nos conviene estudiar.

Lo primero que el gobierno debería hacer es poner a alguien frente al coro. No otra comisión ornamental, sino un mecanismo permanente de coordinación que siente en la misma mesa al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Hacienda, al Banco Central, al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, a ProDominicana y a los organismos de seguridad, y que decida con una sola voz qué se dice en Washington, quién lo dice y para qué. Hoy ese cuarto no existe de manera visible, y por eso sonamos dispersos.

Lo segundo es acordar la partitura: una narrativa única, breve y comprobable, que ordene los distintos frentes alrededor de tres o cuatro mensajes que de verdad nos convengan. Haití y la seguridad regional. La relocalización productiva y las zonas francas. La seguridad climática insular, donde hablamos desde la experiencia y no desde la teoría. La gestión migratoria y de desastres, o la ciberseguridad donde tenemos un conocimiento que pocos en el hemisferio pueden ofrecer. Esos son espacios donde la República Dominicana puede hablar con credibilidad porque no necesita inventarse un papel: ya lo vive.

Lo tercero es diversificar la cartera de firmas más allá de un solo ecosistema partidista. Hace falta acceso a ambos partidos y, sobre todo, fortalecer canales institucionales, no solo retenedores de coyuntura. Lo cuarto es transparentar el gasto. Un informe público anual que diga cuánto cuesta cada contrato y qué produjo no sería una concesión incómoda: sería el punto de partida de la confianza ciudadana y, además, una defensa elemental contra el derroche. Lo quinto es no confundir alinearse con subordinase. Cooperar con un socio estratégico no obliga a renunciar al juicio propio. Cuando un país adopta sin matices una narrativa ajena, no gana influencia: sacrifica credibilidad.

Al sector privado le toca entender algo igual de básico: su cabildeo no ocurre en el vacío. Cada gestión empresarial en Washington suma o resta a la marca del país. El frente de las zonas francas, que procura defender a la industria frente a aranceles recíprocos y empujar la relocalización productiva, ofrece un modelo útil porque el interés privado y el interés nacional apuntan en la misma dirección. El frente azucarero muestra el riesgo contrario: defender ante las autoridades aduaneras una acusación de trabajo forzoso puede destrabar un embarque y, al mismo tiempo, manchar el relato de país serio que el turismo y la inversión necesitan. La salida no es callar el cabildeo. La salida es corregir la sustancia que vuelve necesario ese cabildeo.

Hay, además, una inversión de fondo que el empresariado dominicano debería mirar con atención. La influencia más barata y más duradera no se alquila por meses: se construye durante años, sobre credibilidad, estándares, certificaciones, promoción comercial seria y validación de terceros. Una agencia de promoción fuerte, al estilo de la que atrajo a Intel y consolidó la industria de dispositivos médicos en Costa Rica, vale más en el largo plazo que media docena de contratos de emergencia. Y, del mismo modo que el gobierno, el sector privado gana si cultiva relaciones en los dos partidos, no solo en el que manda hoy.

Vuelvo al rumor del principio. Un país puede comprar una voz en Washington, y nosotros hemos comprado varias. Pero la voz alquilada se apaga cuando se acaba el contrato o cuando cambia el inquilino del poder. El eco dura más. El eco lo gana quien alinea intereses con credibilidad, quien dice lo mismo en casa y fuera de ella, quien convierte su vulnerabilidad, el clima, la migración, la seguridad, la cercanía geográfica, en una voz que otros quieren escuchar.

Lo he sostenido antes: la República Dominicana no debe ser ni satélite ni barricada, sino pivote. En Washington vale la misma regla. No nos faltan voces. Nos falta el director que las vuelva coro y la decisión de ganar el eco en lugar de alquilar la voz. La partitura está sobre el atril. Falta levantarla.